Foro Minero: propuestas clave para formalizar la minería y frenar las redes ilegales en el Perú

 

 

La Asociación de Contribuyentes del Perú propone una serie de medidas para enfrentar la minería ilegal con incentivos, trazabilidad y fiscalización efectiva. Con voluntad política, coordinación institucional y apoyo multisectorial, este problema crítico podría erradicarse.

 

La minería informal y la minería ilegal representan dos de los principales desafíos para el desarrollo sostenible del Perú. Ambos problemas no se combaten con decretos simbólicos ni con más burocracia. Requieren una estrategia ambiciosa pero realista, que reconozca la complejidad del problema y que actúe con herramientas efectivas, basadas en la evidencia. Por ello, desde la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) se plantean una serie de iniciativas que combinan el enfoque técnico y la viabilidad económica para frenar la expansión de la ilegalidad en el sector.

 

Iniciativas para combatir la minería ilegal

 

La ACP organizó el pasado 9 de julio el conversatorio “Oportunidades y Límites del Proceso de Formalización Minera”, un espacio en el que se presentaron propuestas técnicas y viables para enfrentar, especialmente, la minería ilegal. Una actividad que no solo evade impuestos y degrada el medio ambiente, sino que también pone en riesgo el patrimonio arqueológico nacional y fortalece redes criminales. Aquí las propuestas:

 

●       Simplificación inteligente de trámites: Los actuales procesos, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de hasta 30 mil páginas, resultan inadecuados para la realidad de la pequeña minería. Se propone un sistema de escalamiento regulatorio que mantenga estándares ambientales, pero mediante procedimientos diferenciados, más simples y específicos. Además, se deben implementar ventanillas únicas virtuales y regionales, con acompañamiento técnico y acceso digital para los productores.

●       Depuración y reconversión del REINFO. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) alberga a más de 80 mil inscritos, pero solo entre 3,000 y 4,000 han avanzado en su proceso. Este registro se ha convertido en un refugio para la informalidad. Se plantea su cierre definitivo y la creación de un sistema de transición que premie a quienes cumplan requisitos mínimos, ofreciéndoles incentivos y nuevas áreas habilitadas para operar legalmente.

●       Trazabilidad real de insumos y del oro. Es indispensable establecer mecanismos de trazabilidad estricta para insumos críticos como explosivos, combustibles y mercurio, y sancionar penalmente a quienes los comercialicen en zonas prohibidas. Para ello, se requiere una plataforma digital integrada entre SUNAT, OEFA, PNP, MINEM, SERNANP y el Poder Judicial, que permita rastrear el oro desde su origen hasta su exportación.

●       Fiscalización efectiva en plantas de beneficio. Las aproximadamente 450 plantas de beneficio en el país son el principal punto de entrada del oro informal al sistema formal. Estas deben ser el foco central de la fiscalización, con presencia permanente del Ministerio Público, la Policía Nacional y jueces anticorrupción, mediante unidades especializadas.

●       Reducción de la demanda de oro ilegal. Mientras existan compradores dispuestos a adquirir oro sin trazabilidad, la minería ilegal persistirá. Como en el caso de los "diamantes de sangre", se requiere identificar y sancionar a los compradores finales, incluso en mercados internacionales, en coordinación con organismos multilaterales.

●       Protección del patrimonio arqueológico y de áreas naturales protegidas. El catastro arqueológico del país está desactualizado y desarticulado del sistema de concesiones mineras. Se propone su actualización inmediata, así como incentivos a la inversión privada en conservación como parte de la licencia social. Asimismo, es fundamental integrar a las comunidades nativas como aliadas activas en la protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que habitan.

●       Alianzas estratégicas para una fiscalización efectiva. Dado que los gobiernos regionales han demostrado limitada capacidad de control, se propone la creación de unidades multisectoriales de intervención rápida, integradas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector privado y las comunidades, con apoyo tecnológico y enfoque territorial. La minería ilegal debe abordarse como un problema de seguridad nacional y crimen organizado.

 

Cabe señalar que pese a los múltiples marcos normativos implementados en las últimas décadas, el problema persiste. Ello evidencia que la solución no pasa únicamente por más regulación, sino por alinear incentivos, reducir barreras y fortalecer las capacidades del Estado. Recordemos que en el Perú, miles de concesiones mineras han sido invadidas, los trámites excesivos expulsan a los pequeños productores del circuito legal, y el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en un refugio de informalidad e ilegalidad, con más de 80 mil inscritos —cuya actividad real se desconoce— y sin resultados tangibles.

 

La ACP insiste en que este problema no se resolverá mediante decretos ni campañas simbólicas. Se requiere una estrategia ambiciosa, con fundamentos técnicos, legales y económicos. Con liderazgo político, coordinación multisectorial y recursos adecuados, el Perú puede transformar un problema crítico en una gran oportunidad de desarrollo formal, descentralizado y sostenible.