Los trabajadores independientes estarán obligados a
aportar a las AFP desde 2028, sin considerar su edad ni ingresos. Expertos
advierten que la medida afectaría principalmente a los mayores de 40 años, que
harían aportes insuficientes para una pensión digna. Además, podría aumentar la
informalidad laboral y generar una carga fiscal al Estado.
La reciente reforma del Sistema Privado de Pensiones
(SPP), impulsada a través de la Ley de Modernización del Sistema Previsional
Peruano y aprobada en septiembre de 2024, busca transformar el panorama
previsional en el país. Si bien su reglamento aún sigue pendiente de la
aprobación final, la norma ha generado controversia por una de sus
disposiciones más cuestionadas: la inclusión obligatoria de los trabajadores
independientes como aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP).
De acuerdo con la nueva normativa, los trabajadores
independientes que perciban ingresos por rentas de cuarta o quinta categoría
estarán obligados a aportar al sistema previsional. La aplicación será gradual:
desde el 1 de enero de 2028, deberán destinar el 2% de sus ingresos, aumentando
progresivamente hasta llegar al 5%.
Sin embargo, la norma no establece un límite de edad para
la obligatoriedad de estos aportes. Tampoco considera la alta variabilidad e
inestabilidad de ingresos que caracteriza a los trabajadores independientes en
el país. Según datos de diciembre de 2024, casi el 80% de los contribuyentes
registrados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (Sunat) son independientes. Es decir, alrededor de 9,9 millones de
personas.
Críticas desde
el sector técnico
Expertos de la Asociación de Contribuyentes del Perú
(ACP) han señalado que esta medida, en lugar de beneficiar, podría perjudicar
económicamente a los trabajadores independientes, especialmente a aquellos
mayores de 40 años. “En la práctica, estarían regalando sus ahorros al sistema
de pensiones sin la posibilidad real de obtener una pensión que les permita
vivir dignamente en el retiro”, señaló Camila Costa, economista principal de la
asociación.
Según la ACP, se requeriría un mínimo de 30 años de
aportes continuos para asegurar una pensión decente. Por ello, proponen que la
obligatoriedad se limite a los trabajadores independientes menores de 40 años.
Para los mayores, el aporte debería ser voluntario.
Por ejemplo, José es un trabajador independiente de 55
años, representa la realidad de miles de peruanos. Debido a la naturaleza
esporádica de su empleo, sólo podría aportar durante los próximos 10 años antes
de jubilarse. Con un ingreso promedio de S/1,550, su aporte mensual del 5%
representaría S/77.50, sumando aproximadamente S/9,300 en una década. Un monto
insuficiente para acceder a una pensión digna ni siquiera para acceder a la
pensión mínima de S/600 que establece la ley.
¿Y quién gana con esta medida? Los especialistas
advierten que los principales beneficiarios de esta reforma serían las AFP, que
verían incrementados sus ingresos gracias al aumento del número de aportantes.
Además, la ley establece que si el afiliado no alcanza la pensión mínima, el
Estado se encargará de cubrirla, generando una carga fiscal adicional. Es
decir, esta situación se traduce en una pérdida de liquidez mensual para
trabajadores que ya tienen ingresos limitados, sin una garantía real de
beneficio futuro. En términos simples es «tirar la plata al agua».
Un problema
estructural: informalidad y bajo ingreso
La propuesta también debe analizarse en el contexto de la
informalidad laboral. En Perú, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) 2024 del Instituto Nacional de Economía e Informática (INEI), el 83,5%
de los trabajadores a nivel nacional son informales. Es decir, sólo el 16,5% de
los trabajadores independientes cuenta con Registro Único de Contribuyente
(RUC) en la Sunat, lo que refleja la precariedad y falta de acceso a derechos
laborales.
A ello se suma que, según el INEI, el ingreso promedio de
un trabajador independiente entre 11 y 15 años de experiencia es de S/1,780
mensuales, mientras quienes trabajan en la informalidad ganan en promedio solo
S/668. La obligatoriedad del aporte no solo podría reducir la liquidez de estos
trabajadores, sino también actuar como un desincentivo para su formalización,
justo en un contexto donde se busca lo contrario.
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