La autonomía municipal es clave para una gestión eficiente y cercana al
ciudadano. Sin embargo, cuando no hay límites claros ni supervisión adecuada,
esta independencia puede abrir la puerta a abusos de poder. Casos como el de
Miraflores y San Isidro evidencian cómo algunas autoridades estarían usando su
autonomía para imponer normas arbitrarias que vulneran derechos fundamentales y
exceden sus competencias legales.
Las municipalidades son la entidad más
cercana al ciudadano; por ende, su autonomía (económica, política y
administrativa) radica en administrar con independencia su jurisdicción, sin
interferencia externa. Si bien es positivo que sean independientes, lo cierto
es que la libertad muchas veces trae consecuencias por culpa de malos
funcionarios que abusan del poder. Un caso ejemplar es el del alcalde de
Miraflores, Carlos Canales, quien es gravemente cuestionado por, presuntamente,
vulnerar el derecho de los comercios de la zona a funcionar, al imponer
restricciones extremas que podrían atentar contra la Constitución Política o la
Ley Orgánica de Municipalidades.
Para el abogado principal de la
Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Diego Gómez, “la libre iniciativa
privada no debe verse vulnerada por normas municipales que excedan las competencias
y fueros municipales. Esto no significa, tampoco, que los empresarios dejen de
cumplir con la regulación municipal emitida conforme a ley”.
Por su parte, la Municipalidad de San
Isidro, encabezada por Nancy Vizurraga, dictó recientemente un reglamento
interno que considera como falta grave “realizar gestos, emitir palabras o
frases ofensivas, inadecuadas o agravantes contra el alcalde, regidores o
funcionarios”.
Sin lugar a dudas, la autonomía
municipal permite el desarrollo de las municipalidades frente a sus respectivas
competencias, como, por ejemplo, temas de ornato público, planeamiento urbano y
proyectos de inversión. Además, les permite ejecutar más rápida y
eficientemente proyectos dentro de su distrito o provincia.
No obstante, parecen existir abusos
como los anteriormente mencionados, que revelan cómo la autonomía de los
gobiernos locales estaría siendo rebasada y atentaría directamente contra los
derechos ciudadanos. Además, “transgrede de manera evidente y sistemática
principios y normas de alcance general”, sentenció Gómez.
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