Con más de 1,700 homicidios registrados en 2024, Perú enfrenta un récord de
violencia que expone la incapacidad del Estado para gestionar la seguridad
ciudadana. Entre corrupción, falta de recursos y medidas insuficientes, el
ciclo de la inseguridad parece no tener fin.
En Perú, la vida de una persona vale
apenas S/7 o al menos eso pensamos los peruanos tras el asesinato de un
conductor de transporte público que se negó a pagar un cupo a las mafias de
extorsionadores. El caos y la violencia atemorizan a la población, debido a
que, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en 2017, se
registraron 671 homicidios en Perú. Siete años más tarde, en octubre de 2024,
la cifra se elevó a más de 1.700 homicidios. Nuevo récord de violencia en el
país.
Entre medidas decorativas como el
Estado de Emergencia o leyes que favorecen a los delincuentes, el ciclo de la
inseguridad refleja las fallas del Estado, el cual no cuenta con una estrategia
adecuada de gestión de recursos provenientes del bolsillo de los
contribuyentes. Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP)
reveló las falencias dentro del ciclo de seguridad peruano.
Este círculo poco virtuoso comienza con
la toma de conocimiento de los delitos y captura de sospechosos en flagrancia
por parte de la Policía Nacional del Perú, una institución desprestigiada por
los múltiples escándalos de corrupción que, además, carece de recursos y
equipos. A esto se suma que, en la práctica, los agentes policiales no están
empoderados, por ende, no ejecutan su protocolo por temor de ser víctimas de un
mal proceso judicial que los perjudique de por vida.
A esta cadena se suma el apoyo del
Ministerio Público, en la investigación del delito, y del Poder Judicial, en la
sentencia de los acusados. Para mejorar la celeridad de los procesos, existe un
proyecto de ley que pretende otorgar mayor poder a la PNP en la etapa de
investigación del delito, retirando con ello competencia a las funciones de la
Fiscalía. Esto permitirá que los Fiscales no concentren la labor de
investigación, sino en la clasificación de pruebas que les permitan sustentar
sus casos.
En el caso del Poder Judicial, lo ideal
es promover que los casos tengan una sentencia lo más pronto posible, de lo
contrario, los acusados por diversos delitos seguirán aplicando los habeas
corpus para salir en libertad por exceso de carcelería sin sentencia.
Si consideramos el hacinamiento dentro
de las cárceles peruanas, las cuales son administradas por el INPE, podemos
observar otro grave problema, el cual podría ser resuelto con una mejor
ejecución del presupuesto público para la construcción de edificaciones y
dotación de equipos para los establecimientos penitenciarios.
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