En un país donde el peso de los tributos recae fuertemente sobre los
contribuyentes, el Estado parece priorizar el gasto corriente sobre la
inversión en infraestructura. Este desequilibrio se refleja en entidades
públicas que, lejos de optimizar su gestión, acumulan rescates financieros,
ineficiencia y carencias en servicios básicos. ¿Hasta cuándo seguirán pagando
los ciudadanos por un sistema que no mejora?
Pese a un contexto de desaceleración
económica y alto déficit fiscal, el Estado, a través del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) y la SUNAT, intentan crear y subir impuestos. Esto genera
molestía entre los contribuyentes, quienes ya destinan un alto porcentaje de
sus ingresos en tributos a pesar de que el Estado no ofrece servicios públicos
de la mejor calidad.
Entonces, ¿para qué necesita el Estado
más dinero de nuestros bolsillos? Aparentemente, para seguir financiando su
funcionamiento en lugar de invertir en proyectos de infraestructura. Según el
análisis presentado por la Asociación de Contribuyentes del Perú, por cada S/1
destinado a obras, S/2.35 se destinan al gasto corriente (planillas,
alquileres, consultorías, etc). Esto quedó en evidencia con la asignación del
presupuesto público 2025 (S/251.8 millones), el cual incrementó la inversión en
infraestructura solo un 3.2%.
PARA MUESTRA, UN BOTÓN (O VARIOS)
● PetroPerú
Un caso emblemático es PetroPerú, el
cual recibió un nuevo rescate financiero por US$750 millones en 2024 y, además,
se firmó a su favor un Decreto de Urgencia que evitaría que pague su deuda de
más de US$1,500 millones. Pese al escándalo provocado por el nuevo salvataje,
la petrolera estatal nunca tuvo la tan ansiada restructuración de directorio.
Por el contrario, los cambios en los altos funcionarios de la empresa fueron
más de lo mismo. Se nombró a Alejandro Narvaes, quien aseguró que “PetroPerú no
está en quiebra”, como presidente del directorio y como gerente general a Oscar
Vera, extitular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) duramente cuestionado
por no aprobar la Ley de masificación de gas natural.
● CORPAC
Esta empresa pública tiene como objetivo operar,
controlar y equipar diferentes aeropuertos comerciales a nivel nacional; pero
parece no cumplir con esta meta. Pese a contar con un presupuesto superior a
S/421 millones, el 54% corresponde al pago de trabajadores y muy poco dinero se
destina en actividades que mejoren la gestión de los aeródromos.
● EsSalud
Esta entidad tampoco se queda atrás, debido a que los más
de 11 millones de asegurados sufren las falencias del sistema de salud público
al atenderse en establecimientos precarios, donde la falta de medicamentos y la
detección tardía de enfermedades están a la órden del día.
● Sedapal
Los cortes indiscriminados del servicio de agua potable
son otro problema que el Estado debe dejar de financiar. Un informe de Perú21
reveló que, entre 2023 y mayo de 2024, la empresa interrumpió el suministro de
agua en Lima y Callao más de 10,000 veces, lo que dejó a la capital sin agua
por 61,948 horas aproximadamente.
● PerúPetro
La administración de los lotes de petróleo en Perú se
encuentra en la cuerda floja, pues es cuestionable que PerúPetro intentara
incluir de manera forzosa a PetroPerú con el 40% de participación en la gestión
del Lote X. Esto, sin importar que la petrolera no cuenta con dinero para
invertir. ¿Qué está haciendo esta entidad para impulsar la inversión en el
sector hidrocarburos?
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