Miles de hogares en Tumbes, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna serán perjudicados si no se corrige la distorsión.
El Poder Ejecutivo debe coordinar con el Congreso de la República y buscar la mejor forma de levantar las distorsiones que se incluyeron de último momento durante el debate y aprobación en el Pleno del Parlamento del Proyecto de Ley 679, cuyo objetivo era impulsar la masificación del gas natural, pero que finalmente dejó fuera a nueve regiones del país excluyéndolas de las medidas promotoras.
Si no se realizan las correcciones necesarias, mas de un millón de peruanos en Tumbes, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna no podrán acogerse a los beneficios que se aplicarían con preferencia a otras zonas del país.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) cree que esta distorsión, que probablemente fue involuntaria, debe ser corregida pues es discriminatoria y representa una traba a la ampliación de más conexiones en los distritos y provincias que quedarían fuera de la ley si es que es promulgada en esos términos.
“Uno de los objetivos principales del PL 679 propuesto por el gobierno, era lograr que el gas natural en todas las regiones del país sea más accesible y competitivo con una tarifa similar a la que tiene Lima. La meta de la propuesta era implementar un mecanismo para que todos los beneficiarios del servicio público de gas natural paguen lo mismo”, dijo Felipe Cantuarias presidente de la SPH.
Esta discriminación insertada en los artículos 1 y 2 del proyecto aprobado por el Parlamento, señala que los beneficios de esta Ley no alcanzarán a las actuales concesiones de distribución de gas natural. “De este modo, no sólo se excluyó a los hogares que actualmente reciben el servicio, también a las miles de familias que más adelante accedan al servicio en las regiones marginadas. Creemos que en ambos casos se trata de una exclusión inconstitucional y debe ser corregida”, comentó.
Además, el proyecto aprobado también excluye a los comercios, estaciones que abastecen a vehículos de GNV e industrias locales privándolos del beneficio de acceder al gas natural con una tarifa más económica, justo cuando el precio de otros combustibles sigue incrementándose. “Esto mantiene el centralismo y la desigualdad de tarifas entre las distintas ciudades del país, desalentando la inversión privada en las regiones excluidas de esta posibilidad y generando un retroceso en la masificación del gas natural”, sostuvo el presidente de la SPH.
Propuso que el Gobierno y el Congreso deben encontrar juntos una fórmula que permita también ampliar la cobertura de las actuales concesiones, porque son proyectos en marcha, facilitarán un crecimiento rápido en el número de usuarios y servirán de base para impulsar el uso del gas natural vehicular (GNV).
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