Nueve años después del Niño Costero
que dejó 162 muertos, 19 desaparecidos y más de un millón de afectados, las
lluvias de 2026 vuelven a golpear regiones del norte y sur. Las obras
prometidas avanzan, pero varias siguen incompletas o bajo observación. Según
expertos, el desastre no solo es natural, es un resultado político.
En lo que va de 2026, el país vuelve a contar muertos,
viviendas destruidas y carreteras dañadas producto de fenómenos naturales. El
Gobierno ha declarado el estado de emergencia en más de 700 distritos debido a
lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos. Desde diciembre de 2025 hasta
febrero de 2026 se han reportado al menos 68 fallecidos y daños en
aproximadamente 931 kilómetros de carreteras a nivel nacional. Regiones como
Piura, Tumbes, La Libertad, Áncash y Arequipa figuran entre las más afectadas.
Solo en Arequipa, los reportes dan cuenta de más de 4,200
personas afectadas, más de 1,300 viviendas inundadas, 44 inhabitables y más de
670 con daños severos o colapso parcial. El Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico ha advertido que existen más de 800 zonas críticas expuestas a
deslizamientos e inundaciones en el país. La escena es conocida.
En 2017, el Niño Costero dejó 162 fallecidos, 19
desaparecidos, 500 heridos, más de 1,3 millones de personas afectadas y cerca
de 300 mil damnificados, según cifras oficiales del Instituto Nacional de
Defensa Civil. El norte quedó devastado y el Estado prometió que el país no
volvería a improvisar frente a la lluvia. Se anunció reconstrucción con
cambios. Se prometió prevención estructural.
Gabriel Daly, especialista en políticas públicas y
gerente general de la CONFIEP, ha advertido que la amenaza puede ser
inevitable, pero la tragedia no. En su columna en El Comercio sostiene que el
problema no es la lluvia en sí, sino la falta de prevención sostenida de parte
del Estado. Señala que el país privilegia la reacción sobre la anticipación y
que la memoria del riesgo dura poco. Lo más inquietante, escribe, es la
normalización del desastre: asumir que “siempre ha sido así” y que seguirá
ocurriendo.
Esa crítica cobra sentido cuando se revisan las
principales obras de reconstrucción que debían marcar un antes y un después.
Trujillo: casi S/ 900 millones y la protección aún
incompleta
Trujillo fue una de las ciudades más
golpeadas por el Niño Costero de 2017. Ocho años después, la obra que debía
evitar que la historia se repita —la solución integral de las quebradas San
Ildefonso y San Carlos— sigue sin concluir. La Autoridad Nacional de Infraestructura
(ANIN) informó en febrero de 2026 que el proyecto registra un avance físico
cercano al 70 %. El costo total actualizado asciende a S/ 897,327,334 y su
culminación estaba prevista para fines de 2025 o el primer trimestre de 2026. A
inicios de 2026, la entrega integral aún no se ha concretado. Pero las lluvias
ya empezaron.
El avance técnico convive con
observaciones formales. En enero de 2026, la Contraloría identificó presunta
responsabilidad en nueve funcionarios de la ANIN por pérdidas de S/
14,887,624.29 vinculadas al Paquete 4B del proyecto –orientado a ejecutar las
estructuras que conducen el agua y sedimentos desde la quebrada San Carlos
hacia las zonas de mitigación–. El informe advierte pagos aprobados sin
sustento técnico suficiente, reconocimiento de gastos no ejecutados y
adicionales contractuales. Además, alertó el riesgo de incrementos adicionales
por aproximadamente S/ 40.7 millones y ampliaciones de plazo de hasta 160 días
por rediseños y manejo inadecuado de imprevistos contractuales.
Con casi 900 millones de soles
comprometidos, la obra que debía cerrar el capítulo del desastre avanza entre
retrasos y cuestionamientos administrativos. La infraestructura definitiva de
protección aún no está plenamente operativa.
Tumbes: más de S/ 1,800 millones proyectados y una
ejecución sin cierre visible
El río Tumbes desbordado fue una de las imágenes más
recordadas del desastre de 2017. La respuesta prometida fue ambiciosa: un
sistema de defensas ribereñas a lo largo de más de 42 kilómetros del cauce
principal del río, además de intervenciones en quebradas asociadas, para
reducir el riesgo de nuevas inundaciones. La ANIN ha señalado que la inversión
superará los S/ 1,800 millones —se trata del costo estimado del proyecto
integral, que aún debe completar sus etapas técnicas—, lo que la convierte en
una de las intervenciones más costosas del paquete de reconstrucción.
En cuanto al avance, es importante distinguir entre
componentes específicos y el proyecto integral. El 21 de enero de 2025, la
entidad informó que las defensas en las quebradas Corrales y La Jardina
alcanzaron el 100 % de ejecución física, mientras que en Cabuyal el avance
llegó al 93.56 %. Esos porcentajes corresponden a subproyectos o tramos
puntuales dentro del sistema, no al conjunto completo de defensas a lo largo
del río Tumbes.
Lo más reciente comunicado por la ANIN, el 30 de
diciembre de 2025, indica que el proyecto registraba un 97.74 % de avance en la
etapa de diseño del expediente técnico del sistema integral. No existe, sin
embargo, una cifra oficial pública de avance físico total ejecutado del
proyecto completo ni un porcentaje consolidado de ejecución presupuestal al
2026. En otras palabras, hay sectores intervenidos, pero el sistema total de
defensas ribereñas del río Tumbes aún no ha sido declarado concluido ni
plenamente operativo en su conjunto.
Piura: más de S/ 116 millones comprometidos y el drenaje
aún en desarrollo
En Sullana y Bellavista, el agua ingresó a viviendas y
negocios en 2017 y dejó en evidencia que el sistema urbano no estaba preparado
para lluvias intensas. El drenaje pluvial integral fue planteado como la
respuesta estructural para evitar que las calles vuelvan a inundarse. En 2025,
la ANIN inició los trabajos en el Sector 1 – Dren Boquerón de Núñez, tramo
inicial del proyecto, con un plazo contractual de 13 meses para su ejecución.
La obra ya tiene presencia en campo: maquinaria,
excavaciones y estructuras de concreto forman parte del paisaje en este tramo
inicial. El proyecto no se limita a un solo sector; también comprende
intervenciones en “Cola de Alacrán 1, 2 y 3” y en el “Canal Vía”, algunos de
los cuales han avanzado en diseño técnico y planificación con más del 95 % de
avance en sus estudios según informes de ANIN y PCM.
En el plano presupuestal, documentos oficiales registran
obligaciones de pago por S/ 116,743,065.35 al 16 de enero de 2025,
correspondientes a valorizaciones reconocidas dentro del proyecto. La
intervención está en marcha y parte del sistema comienza a tomar forma. Sin
embargo, el drenaje integral aún se ejecuta por etapas y su efectividad real se
medirá cuando todo el sistema funcione de manera articulada frente a una nueva
temporada de lluvias intensas.
Frente a ello, Daly advierte que el verdadero problema no
es la lluvia, sino la repetición de la inacción estatal. El país sabe que
lloverá, sabe dónde se desbordarán los ríos y sabe qué zonas son vulnerables.
Lo que aún no logra es convertir ese conocimiento en prevención efectiva. Con
miles de millones comprometidos desde 2017, la pregunta ya no es si se
invierte, sino si se ejecuta a tiempo y con resultados reales. Porque cuando la
emergencia vuelve, lo que queda expuesto no es solo la fragilidad del suelo,
sino la fragilidad de la gestión pública.
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