En el tramo final de la legislatura,
el Congreso tiene iniciativas que amplían beneficios laborales y previsionales
dentro del Estado, decisiones que podrían comprometer el equilibrio de las
cuentas públicas.
A cinco meses del final de la legislatura, el Congreso
mantiene en trámite decenas de proyectos de ley con impacto directo en las
finanzas públicas, a pesar de no tener facultad de gasto. El Consejo Fiscal ha
advertido que existen 352 iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso,
muchas de ellas con dictamen aprobado o listas para ser debatidas en el Pleno.
Dentro de ese universo, al menos 150 iniciativas
representan un “impacto fiscal relevante”, debido a su alto potencial para
incrementar el gasto público o crear obligaciones permanentes para el Estado.
De acuerdo con el organismo técnico, estas propuestas se concentran
principalmente en cinco tipos de medidas: incrementos salariales en el sector
público, homologaciones laborales entre regímenes del Estado, nombramientos
masivos de trabajadores públicos, aumentos de pensiones o beneficios
previsionales y transferencias automáticas de recursos a gobiernos
subnacionales.
Además, el Consejo Fiscal advierte que solo las diez
iniciativas más costosas podrían generar más de S/ 25,000 millones de gasto
adicional al año, una cifra equivalente a alrededor del 2% del PBI. Para
dimensionar el impacto, ese monto representa casi todo el presupuesto anual de
sectores clave como Interior o Transportes, y su aprobación simultánea podría
presionar el déficit fiscal por encima de las metas establecidas.
En ese contexto, el siguiente cuadro presenta diez
proyectos de ley que actualmente se encuentran en trámite y que, por su estado
parlamentario o respaldo político, podrían avanzar en los próximos meses, generando
un impacto fiscal significativo para el país.
Adjunto cuadro
Muchas de estas iniciativas se presentan con un discurso
políticamente atractivo —aumentos salariales, nuevos beneficios o ampliación de
planillas— que, en apariencia, busca “hacer justicia” con determinados grupos
del sector público. Sin embargo, detrás de estas propuestas suele haber un
problema fiscal más profundo: se incrementa el gasto sin introducir reformas
que mejoren la eficiencia del Estado.
Un ejemplo claro es el sector educativo. Mientras el
debate legislativo se concentra en remuneraciones, muchos colegios públicos
continúan operando con infraestructura precaria y los resultados de aprendizaje
siguen siendo bajos. De acuerdo con evaluaciones recientes del Ministerio de Educación
del Perú, solo alrededor de 3 de cada 10 estudiantes de primaria alcanzan el
nivel esperado de comprensión lectora, lo que significa que los otros 7 no
comprenden lo que leen.
Además, varias de estas medidas se plantean sin reformar
la estructura del empleo público. En lugar de introducir mecanismos de
meritocracia, evaluación de desempeño o productividad, las propuestas se
concentran en ampliar beneficios o aumentar planillas. El resultado puede ser
un aparato estatal más grande y más costoso, pero no necesariamente más
eficiente.
El impacto al contribuyente
Cuando el Congreso aprueba gastos permanentes sin una
fuente clara de financiamiento, el costo termina trasladándose a los
contribuyentes. Si las iniciativas más costosas se aprobaran, el gasto
adicional superaría los S/ 25,000 millones anuales, una cifra equivalente a
casi el 14% del presupuesto público destinado a educación o aproximadamente la
mitad del presupuesto anual del sector salud.
En términos fiscales, ese gasto adicional sólo puede cubrirse
de tres maneras: mayores impuestos en el futuro, mayor endeudamiento público o
recortes en otras áreas del presupuesto.
Si el Estado optara por financiarlo con deuda, implicaría
incrementar la deuda pública en varios puntos del PBI en los próximos años y
elevar el costo del servicio de la deuda. Actualmente, el Perú destina más de
S/ 30,000 millones al año al pago de intereses y amortizaciones, una suma que
equivale a casi todo el presupuesto anual del sector Interior.
Por otro lado, si el gasto adicional se cubre mediante
ajustes presupuestarios, el impacto recaería principalmente sobre la inversión
pública, que financia obras de infraestructura, hospitales, escuelas o sistemas
de agua potable.
A ello se suma otro efecto menos visible, pero igualmente
importante: la creciente rigidez del presupuesto público. Cuando aumentos
salariales, beneficios laborales o mejoras previsionales se aprueban por ley,
estos gastos se convierten en obligaciones permanentes que deben financiarse
todos los años.
En consecuencia, el Estado pierde capacidad para
reorientar recursos hacia nuevas prioridades, limitando el margen fiscal para
responder a crisis económicas, emergencias o nuevas necesidades de inversión.
En otras palabras, cada nuevo gasto permanente aprobado por ley reduce el
espacio fiscal disponible para políticas públicas que benefician al conjunto de
la población.
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