Entre promesas de gasto sin
financiamiento, reformas institucionales radicales y soluciones extravagantes a
problemas complejos, la campaña presidencial ha acumulado propuestas que
despiertan tanto aplausos como dudas. Este es un ranking de las iniciativas más
populistas y extravagantes planteadas por candidatos presidenciales.
En toda campaña electoral abundan las promesas
ambiciosas. Pero cuando se revisan con lupa los planes de gobierno y
declaraciones de los candidatos, algunas propuestas destacan por su carácter
maximalista, su alto costo fiscal o su impacto institucional.
A continuación, un ranking de las quince iniciativas más
populistas de cara a las Elecciones 2026:
1. DNI para fetos desde la concepción
La propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
plantea otorgar Documento Nacional de Identidad a los concebidos desde el
vientre materno, reconociéndolos como ciudadanos desde la concepción. El
problema es que el sistema de identificación del Estado está diseñado para
registrar a personas nacidas y verificables dentro del sistema civil.
Implementar un DNI prenatal implicaría crear un nuevo esquema de registro
poblacional y abriría debates jurídicos complejos sobre identidad legal,
ciudadanía y derechos civiles antes del nacimiento.
Pero el cuestionamiento también es de lógica práctica: un
documento de identidad sirve para identificar a una persona en la vida civil
—para estudiar, trabajar, abrir cuentas bancarias, votar o firmar contratos—,
actividades que solo pueden ejercer quienes ya han nacido. Otorgar DNI a fetos
no resolvería ningún problema real de registro o política pública y se acerca
más a una propuesta simbólica y populista diseñada para generar impacto
político.
2. Cárceles con culebras para delincuentes peligrosos
Otra propuesta de López Aliaga plantea construir cárceles
donde el perímetro o el entorno esté rodeado de serpientes u otros animales
peligrosos como mecanismo de disuasión para evitar fugas. La idea ha sido
presentada como una forma de endurecer el sistema penitenciario frente al
crimen organizado.
El problema es que se trata de una propuesta más cercana
al espectáculo que a una política penitenciaria viable. Los sistemas
carcelarios modernos se basan en seguridad tecnológica, infraestructura y
control institucional, no en mecanismos improvisados de intimidación. Por ello,
la idea ha sido considerada una medida extravagante.
3. Capital semilla de 1 UIT al nacer
La propuesta de José Luna Gálvez (Podemos Perú) plantea
entregar 1 UIT a cada recién nacido. El problema es que una medida como esta se
convierte en gasto público permanente. El INEI registró 417.180 nacimientos en
2024. Si se entrega 1 UIT por cada nacimiento, incluso con una UIT alrededor de
S/5.000, el costo anual del programa superaría los S/2.000 millones, y eso
antes de considerar costos administrativos.
Además, no está claro por qué una transferencia universal
de dinero sería más efectiva que invertir esos recursos en programas
focalizados de primera infancia con resultados medibles en nutrición, salud o
educación. En ese sentido, la propuesta se acerca más a una promesa de campaña
de alto impacto político y bajo sustento técnico, basada en repartir dinero de
forma generalizada sin explicar cómo se financiará ni qué resultados concretos
generará.
4. Bono de S/1000 por nacimiento financiado con fondos de
AFP
La propuesta de César Acuña (Alianza para el Progreso)
plantea otorgar un bono de S/1000 por cada nacimiento financiado con fondos del
sistema privado de pensiones (AFP). El riesgo es doble: primero, se utiliza
ahorro previsional —destinado a financiar la jubilación— para gasto inmediato,
debilitando el sistema de pensiones; y segundo, se crea un incentivo político
para seguir recurriendo a los fondos previsionales como fuente de
financiamiento para nuevas medidas.
Además, el sistema previsional peruano tiene baja
cobertura: solo alrededor del 30% de los trabajadores aporta regularmente a un
sistema de pensiones, según cifras oficiales. Esto significa que financiar
beneficios sociales con fondos previsionales termina afectando a un grupo
reducido de trabajadores formales, cuyos ahorros se usarían para financiar un
beneficio general.
5. Pensión vitalicia mayores de 60 años
La propuesta de Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
plantea otorgar una pensión universal de S/1500 a todos los adultos mayores. El
problema central es que provocaría un alto costo fiscal permanente: el INEI
estima que en el Perú hay 4,747,000 personas de 60 años a más. Con ese
universo, el monto implicaría alrededor de S/85,446 millones al año, un nivel
de gasto difícil de sostener sin subir impuestos o endeudarse de forma
agresiva.
6. Retiro del 100% de fondos de AFP
La propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
plantea permitir el retiro total de los fondos. El problema es que una medida
de este tipo vaciaría el ahorro previsional y trasladaría la presión al Estado
en el futuro, porque más personas llegarían a la vejez sin recursos suficientes
para financiar su jubilación.
La evidencia reciente muestra ese riesgo. Desde 2020 se
han aprobado ocho retiros extraordinarios de fondos previsionales, lo que ha
reducido significativamente los ahorros de los afiliados. La Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha señalado que el impacto del último retiro fue
menor porque alrededor de cuatro millones de cuentas ya habían quedado sin
saldo tras los retiros anteriores.
7. Incrementar la presión fiscal hasta 20% del PBI
La propuesta de Ronald Atencio
(Venceremos) plantea elevar la recaudación (presión tributaria) hasta 20% del
PBI. El problema es cómo se llega a ese nivel en un país con alrededor de 70%
de informalidad: si no se formaliza primero la economía, el aumento de la carga
tributaria termina recayendo sobre el mismo grupo reducido de contribuyentes
formales. Para
ponerlo en números, el Ministerio de Economía y Finanzas reportó que la presión
tributaria cerró 2025 en 14,6% del PBI (y 2024 en 14,4%).
Subir rápidamente hacia el 20% sin una estrategia clara de
formalización puede traducirse en más carga para quienes ya cumplen con sus
obligaciones tributarias y mayores incentivos para evadir o mantenerse en la
informalidad. Desde un enfoque orientado a ampliar la base de contribuyentes, el
camino suele ser el inverso: simplificar el sistema tributario, reducir costos
regulatorios y generar incentivos para que más empresas y trabajadores se
formalicen, en lugar de aumentar la presión sobre los mismos contribuyentes de
siempre.
8.
Uso de reservas del Banco Central para reactivar la economía
La
propuesta de Alfonso López Chau (Ahora Nación) plantea utilizar las reservas
internacionales del BCRP para un “impulso económico”. El principal riesgo es
convertir un colchón de emergencia en una caja de gasto público. La experiencia
histórica del país muestra por qué este punto es sensible: durante la década de
1980 el banco central fue utilizado por el Ministerio de Economía para
financiar el gasto fiscal y el crédito dirigido al Estado, lo que debilitó su
autonomía y terminó contribuyendo a los desequilibrios macroeconómicos que
desembocaron en la hiperinflación de 1988-1990, cuando la inflación anual
superó el 7.000%.
Las
reservas internacionales netas cumplen una función crítica en la estabilidad económica.
Funcionan como un seguro frente a choques externos, crisis financieras
internacionales o salidas abruptas de capital. A inicios de 2026, el Perú
mantiene alrededor de US$75.000 millones en reservas internacionales,
equivalentes a cerca de 30% del PBI y aproximadamente 12 meses de
importaciones, uno de los niveles más altos de la región. Pero ese dinero no es
gasto disponible del gobierno: respalda la estabilidad del sistema financiero,
la liquidez en dólares de la economía y la confianza en la moneda.
9.
Expropiación de concesiones mineras “ociosas”
Otra
propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) plantea expropiar o
retirar concesiones mineras que no estén siendo explotadas. El problema es que
parte de un diagnóstico equivocado sobre las mal llamadas “concesiones
ociosas”. En el Perú, tener una concesión no significa que una empresa ya pueda
explotar el recurso: antes deben realizarse estudios geológicos, exploración,
evaluaciones económicas y obtener permisos ambientales y sociales, procesos que
pueden tomar entre 8 y 15 años antes de iniciar una operación minera.
Además,
la minería también es una actividad que requiere explorar áreas amplias durante
largos periodos para identificar yacimientos económicamente viables. En ese
contexto, calificar como “ociosas” a las concesiones en etapa de exploración
distorsiona el funcionamiento real de la industria minera y puede desalentar la
inversión en un sector que representa cerca del 60% de las exportaciones del
país, con impacto directo en inversión, empleo y recaudación fiscal.
10.
Asamblea Constituyente
Propuesta
por Ronald Atencio (Venceremos) plantea convocar una Asamblea Constituyente
plurinacional para reemplazar la actual Constitución. Un proceso constituyente
abre un periodo de incertidumbre sobre las reglas económicas, los derechos de
propiedad y el marco de inversión. En la práctica, equivale a abrir una caja de
Pandora: el mensaje para los inversionistas es que el marco institucional puede
cambiar, lo que eleva el riesgo y frena decisiones de inversión de largo plazo.
Cuando la inversión se paraliza, también se debilitan el empleo formal, la
actividad productiva y la base sobre la cual el Estado recauda impuestos.
En
Perú, la inversión privada representa alrededor del 80% de la inversión total
del país, según el Banco Central de Reserva (BCRP). Esto significa que gran
parte del crecimiento depende de decisiones de inversión empresarial. Si las
reglas del juego entran en discusión, muchos proyectos tienden a postergarse o
cancelarse, lo que puede traducirse en menor crecimiento, menos empleo y menor
recaudación fiscal.
Otros
partidos que han planteado una Asamblea Constituyente o una nueva Constitución
en el proceso electoral 2026 son Perú Libre, Juntos por el Perú, Ahora Nación,
Podemos Perú, el Partido del Trabajo y del Emprendimiento y Cooperación
Popular.
11.
Impuesto a la riqueza
La
propuesta de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) plantea crear un impuesto a
los grandes patrimonios para aumentar la recaudación fiscal. El problema es que
este tipo de tributos puede generar efectos contraproducentes sobre la
economía. Al gravar directamente el patrimonio de los empresarios —muchas veces
vinculado al valor de sus propias empresas— el impuesto puede obligarlos a
vender activos o retirar dividendos para pagarlo, incluso cuando la empresa no
está generando ganancias, ya que el tributo se calcula sobre el valor del
patrimonio sin considerar las pérdidas o utilidades del negocio. Además, estos
impuestos suelen recaer principalmente sobre empresarios nacionales y no sobre
inversionistas extranjeros, lo que genera desventajas competitivas para las
empresas locales y puede desincentivar la inversión productiva.
La
experiencia internacional muestra estas dificultades: en Noruega, tras aumentar
el impuesto a la riqueza en 2022 y elevar también los impuestos sobre
dividendos, alrededor de 80 empresarios millonarios abandonaron el país,
trasladando su residencia fiscal principalmente a Suiza. El resultado fue el
contrario al esperado: el gobierno proyectaba recaudar US$146 millones
adicionales, pero terminó perdiendo aproximadamente US$448 millones en ingresos
fiscales. El caso evidencia cómo políticas de este tipo pueden terminar
debilitando la base tributaria, reducir la inversión y afectar incluso a las
empresas locales que dependen del capital de esos empresarios.
12.
Trasladar la capital política del país a Junín
Una
propuesta de López Aliaga que plantea mover la capital política del Perú fuera
de Lima y establecerla en la región Junín. El problema es que una decisión de
este tipo implicaría trasladar ministerios, organismos públicos,
infraestructura administrativa y miles de funcionarios.
Experiencias
internacionales muestran que cambiar una capital requiere décadas de
planificación y enormes inversiones públicas en infraestructura urbana, transporte
y servicios. Sin estudios técnicos ni estimaciones de costo, la propuesta se
presenta más como una idea política llamativa que como una reforma
institucional viable.
13.
Crear una criptomoneda estatal respaldada en oro
Otra
propuesta de Renovación Popular que plantea crear una moneda digital estatal
denominada “oro digital”, respaldada en reservas de oro del país. El problema
es que el Perú ya tiene un sistema monetario administrado por el Banco Central
de Reserva, encargado de emitir moneda y controlar la inflación.
Introducir
una criptomoneda estatal paralela generaría interrogantes sobre su regulación,
estabilidad y relación con el sistema financiero existente. Además, los
mercados de criptomonedas se caracterizan por alta volatilidad, lo que vuelve
incierta la viabilidad de una moneda digital impulsada por el Estado.
14.
Convertir la Costa Verde en el “Dubái peruano”
La
propuesta de Rafael López Aliaga plantea transformar la Costa Verde en un gran
polo de inversión internacional inspirado en el modelo urbanístico de Dubái. El
proyecto implicaría desarrollos inmobiliarios, turísticos y comerciales de gran
escala a lo largo del litoral limeño.
El
problema: iniciativas de esta magnitud requieren estudios técnicos,
planificación urbana, evaluaciones ambientales y enormes inversiones públicas y
privadas. La propuesta aparece más como una visión aspiracional que como un
proyecto concreto de política pública.
15.
Permitir cooperación directa de Estados Unidos en la lucha contra el crimen
La
propuesta del ahora candidato presidencial López Aliaga plantea permitir que
Estados Unidos participe directamente en operaciones contra el crimen
organizado en el Perú. La idea busca reforzar la capacidad del Estado para
enfrentar redes criminales transnacionales.
Sin
embargo, involucrar a otro país en operaciones dentro del territorio nacional
plantea debates sobre soberanía, jurisdicción y control de las fuerzas de
seguridad. En la práctica, la cooperación internacional en seguridad suele
canalizarse mediante acuerdos institucionales específicos y no mediante
participación directa en operaciones internas.
Más
allá de las diferencias ideológicas entre candidatos, muchas de las propuestas
que dominan el debate electoral comparten un rasgo común: promesas de gran
impacto político pero con escasa claridad técnica sobre su implementación. El
desafío para los votantes será distinguir entre reformas viables y propuestas
diseñadas solo para ganar votos.
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