LEY CONTRA EL CRIMEN CONTEMPLA FONDO ESTATAL DE RIESGO

Presidente de la República, José Jerí, anunció que la Ley 32490, que entraría en vigencia desde este lunes, protegerá económicamente a las empresas de transporte afectadas por la extorsión.

 El presidente de la República, José Jerí, anunció que la Ley 32490 entrará en vigencia desde el lunes 19 de enero, la cual contempla una serie de medidas que buscan combatir la delincuencia en el sector Transportes, siendo uno de los rubros severamente afectados por el sicariato y la extorsión.

En ese sentido, el mandatario resaltó la intención del Gobierno de proteger económicamente a las empresas y unidades víctimas de atentados, por lo que se implementará un sistema de inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos realizados a través de billeteras digitales y cuentas bancarias.

Cabe señalar que la contemplación de un fondo de protección ante las extorsiones estuvo en la iniciativa legislativa del congresista Gustavo Cordero Jon Tay.

"Si bien la normativa vigente ya tenía un esquema de deducción de impuestos para los empresarios que sustenten dichos pagos extorsivos, la Ley 32490 permitirá la aplicación de la figura de la extinción de dominio exprés, la incautación de bienes y cuentas usadas para recibir el dinero de las extorsiones", detalló el periodista de Nacional TV Perú, Juan José Sandoval.

Si bien el Proyecto de Ley que promovió el congresista Gustavo Cordero Jon Tay causó polémica y fue mal interpretada, la iniciativa legislativa proponía una serie de puntos que hoy recoge la Ley 32490, como el fondo estatal de riesgo. 

La Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato, se aprobó mediante el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, publicado el lunes 19 de enero de 2026, en el diario oficial El Peruano.

Entre las principales disposiciones, se refuerza el control de los flujos financieros vinculados a pagos extorsivos, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de detectar y desarticular las redes económicas del crimen organizado.