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La acumulación de normas laborales en 2025 vuelve cada
vez más costoso cumplir la ley. El resultado no es más protección al
trabajador, sino menos empleo formal y más informalidad.
Hablar de beneficios laborales, licencias y feriados
suele partir de una premisa correcta: proteger al trabajador. Sin embargo,
cuando las buenas intenciones se acumulan sin una mirada integral, el efecto
puede ser exactamente el contrario. En el Perú, los cambios laborales
implementados en 2025 dibujan una tendencia clara: más obligaciones, más
rigidez y más costos para las empresas, sin una estrategia seria para fomentar
el empleo formal ni reducir la informalidad.
Uno de los ejemplos más evidentes es el aumento del
sueldo mínimo. Si bien puede generar un alivio inmediato para quienes ya están
en planilla, también encarece la contratación formal. Para una gran empresa, el
impacto puede ser absorbible —aunque afecta su competitividad—, pero para una
micro o pequeña empresa (mype) el efecto es devastador. Cuando el costo laboral
sube sin que lo haga la productividad, la respuesta no es mejores empleos, sino
menos contrataciones, más informalidad o, en el peor de los casos, el cierre
del negocio. Formalizar deja de ser un incentivo y se convierte en un riesgo.
Esta lógica se repite en otros frentes. Normas laborales
que no distinguen entre tamaños de empresa, exigencias rígidas de adaptación y
mayores restricciones a la tercerización —especialmente sobre el núcleo del
negocio— reducen la flexibilidad y elevan los costos operativos. La
tercerización, cuando está bien regulada, no elimina derechos laborales:
permite especialización, eficiencia y competitividad. Limitarla desde una
visión ideológica no protege al trabajador; encarece las operaciones y ahuyenta
la inversión.
En ese contexto, la decisión de no multar a las mypes por
una primera infracción leve aparece como una excepción sensata. Reconoce una
realidad incómoda: muchas veces el incumplimiento no responde a mala fe, sino a
un exceso de reglas difíciles —o imposibles— de cumplir para negocios pequeños.
A ello se suma el debate sobre los feriados. En 2026, el
Perú tendrá dieciséis días de descanso obligatorio remunerado. Cada feriado
implica un costo real en un país con baja productividad y alta informalidad. Si
se agregan los 30 días de vacaciones legales, el Perú se ubica como el segundo
país con más días libres (feriados más vacaciones) a nivel mundial, según datos
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Decreto Legislativo 713.
Más días libres no garantizan mejores condiciones
laborales si el empleo formal sigue siendo un privilegio y no la regla. En una
economía donde más del 70% de los trabajadores es informal, cada nueva carga laboral
que no viene acompañada de incentivos reales para formalizar termina ampliando
la brecha entre la ley y la realidad. Si el objetivo es proteger al trabajador,
el primer paso es hacer que la formalidad sea viable. Eso implica menos costos
tributarios y laborales, reglas más simples y una visión integral del empleador
y empleado.
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