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La exintendente de la Sunat que
fiscalizó a las grandes empresas ahora dirige el órgano que debe resolver los
litigios tributarios de esas mismas firmas, un nombramiento que despierta
cuestionamientos por posible falta de imparcialidad e independencia.
Un posible conflicto de intereses podría gestarse en el
Tribunal Fiscal, órgano encargado de resolver las disputas entre los
contribuyentes y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat). La reciente designación de Luisa Castillo, exintendente del
organismo recaudador, como presidenta del Tribunal ha despertado preocupación
sobre su capacidad de ejercer imparcialidad, debido a su estrecho vínculo con
la fiscalización de grandes empresas y su rol en la defensa de la posición de
la administración tributaria.
Castillo no es ajena al sistema tributario. Con más de
tres décadas en la Sunat, su último cargo fue como intendenta de Principales
Contribuyentes Nacionales, donde supervisó la fiscalización de las mayores
empresas del país y firmó documentos clave sobre deudas y prescripciones
tributarias. Su postura firme en la defensa de la recaudación refuerza las
dudas sobre la independencia con la que ahora deberá evaluar casos que
involucran a contribuyentes previamente fiscalizados bajo su gestión.
El Tribunal Fiscal fue creado para ser un árbitro
independiente que garantice el respeto de los derechos del contribuyente y la
legalidad de las decisiones de la Sunat. Sin embargo, el perfil de Castillo
plantea interrogantes sobre su idoneidad para liderar al órgano cuya misión es
dirimir controversias entre los contribuyentes y la propia Sunat. El hecho de
que haya tenido un rol protagónico en la fiscalización y en la defensa
institucional de la administración tributaria acentúa la percepción de un
potencial conflicto de intereses, pues la coloca en una posición de juez frente
a casos de empresas que ya revisó desde el lado fiscalizador.
A ello se suma la inestabilidad generada por los constantes cambios en la jefatura de la Sunat, en un país que requiere seguridad jurídica y estabilidad tributaria. Las empresas —en particular los grandes contribuyentes— necesitan garantías de imparcialidad en las resoluciones del Tribunal Fiscal. De lo contrario, el proceso podría interpretarse como un escenario donde el árbitro ya tomó posición antes de asumir el cargo
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