Las
inscripciones fraudulentas de partidos mediante firmas falsas no solo
deslegitiman el proceso electoral, sino que minan la confianza en nuestras
instituciones. Es momento de implementar un sistema de validación digital
obligatorio que proteja el derecho al voto y castigue a los responsables del
engaño.
Por Óscar Zapata, presidente de
PERUCÁMARAS
Asociación de
Contribuyentes del Perú. En estos días de profunda incertidumbre
política y el dolor causado por la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz,
el país se enfrenta a un nuevo y peligroso desafío: La inscripción fraudulenta
de partidos políticos mediante firmas falsas. Este es un problema que socava
los cimientos de nuestra democracia y pone en entredicho la legitimidad del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC).
La inscripción de organizaciones
políticas sobre la base de firmas falsificadas no solo es un delito tipificado
en el Código Penal (Art. 427), sino una afrenta directa a los principios
fundamentales de un Estado de Derecho. No podemos permitir que los principios
de legalidad y transparencia sean vulnerados impunemente. Un partido político
no puede sustentarse en el engaño sin contravenir el orden jurídico. Por ello,
cualquier inscripción obtenida mediante fraude debe ser anulada de pleno
derecho.
Asimismo, el proceso electoral debe
garantizar la expresión genuina de la voluntad ciudadana. Mantener en
competencia a organizaciones basadas en prácticas fraudulentas no solo
distorsiona el resultado electoral, sino que erosiona la confianza pública en
nuestras instituciones. Un sistema electoral basado en el fraude es un sistema
condenado a la deslegitimación y el caos.
La gravedad del problema exige que se
impongan sanciones severas tanto penales como administrativas a los
responsables del fraude. La Ley de Organizaciones Políticas establece
requisitos claros para la inscripción que deben cumplirse de manera legítima y
verificable. Si se demuestra que un partido ha falsificado firmas para obtener
su inscripción, la consecuencia lógica debe ser la cancelación inmediata de su
registro.
Pero no basta con castigar; es
fundamental prevenir. La impunidad no solo envilece a las instituciones, sino
que sienta un precedente funesto que normaliza la informalidad y socava los
valores éticos del sistema electoral. No podemos permitir que aquellos que han
defraudado al electorado aspiren a representar legítimamente a la ciudadanía.
En ese sentido, es momento de
implementar un sistema de validación digital obligatorio para todas las
inscripciones y afiliaciones partidarias. Este sistema debe basarse en
mecanismos de autenticación biométrica y verificación mediante códigos únicos
vinculados al DNI. De esta forma, se asegurará que cada ciudadano confirme su
afiliación de manera segura y verificable.
Además, es urgente establecer una
revisión continua de los registros de afiliación. Esto permitirá que cualquier
ciudadano pueda consultar su estatus electoral y rectificar posibles
inscripciones no consentidas, sin costo alguno. Un sistema digital de
validación no solo reforzará la integridad del proceso electoral, sino que
reducirá significativamente los riesgos de falsificación y suplantación de
identidad.
De igual forma, contemplemos la
posibilidad de implementar auditorías periódicas a los padrones partidarios, de
modo que se verifiquen y actualicen las afiliaciones de manera constante. Esto
no solo brindará mayor transparencia, sino que permitirá al elector ejercer un
control efectivo sobre su participación política.
El JNE tiene una responsabilidad histórica: Velar por la
integridad del proceso electoral y garantizar que quienes aspiran a liderar el
país lo hagan de manera legítima, sin atajos ni fraudes. Nuestra democracia no puede
permitirse menos.
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