El asesinato de 13 mineros en Pataz volvió a poner en la mira al Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO), un sistema que, lejos de cumplir con
su objetivo, ha permitido que miles de mineros operen sin supervisión efectiva
y al margen de la ley.
El 26 de abril 13 trabajadores mineros fueron
secuestrados por una banda criminal liderada aparentemente por Miguel Rodríguez
Díaz, alias “Cuchillo”. Tras siete días de desesperación por parte de los
familiares, se dio a conocer que los 13 mineros fueron hallados sin vida en un
socavón.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la
minera Poderosa, recalcó que Pataz vive bajo el asedio de la minería ilegal y
que, muchos de ellos están inscritos en el REINFO. “En esta zona hay presencia
de mineros informales e ilegales protegidos por el REINFO, por aquellos que
apoyaron una ampliación. Hay un asedio en Pataz para tomar el control de la
misma”, detalló.
Sin embargo, el problema es mucho más complejo. Si bien
es cierto, el REINFO ha servido para encubrir a mineros ilegales e incluso a
mafias criminales, existen miles de mineros dentro de este sistema que cumplen
con la normativa e incluso preexisten a concesiones mineras en diversas
regiones. Aunque sean pocos, según José Ignacio Beteta, presidente de la
Asociación de Contribuyentes (ACP), la única forma de derrotar la minera ilegal
es poniendo a los REINFO con intenciones de formalizarse en contra de ella,
dándoles estabilidad, títulos habilitantes permanentes y predictibilidad.
Además, las concesiones deben recibir una serie de beneficios por permitir que
mineros ancestrales o REINFO coexistan en concesiones formales.
La solución implica un punto medio que las partes
involucradas no parecen ver, pero resulta ser la única salida, según el
especialista en políticas públicas y asuntos sociales.
¿QUÉ SALIÓ MAL?
De acuerdo con Diego Gomez, abogado principal de la
Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), en el REINFO, “no se crearon los
incentivos correctos para promover la formalización de los pequeños mineros,
más bien todo lo contrario, fomentó que la gran mayoría funcionen al margen de
la ley”.
Tras siete años de funcionamiento, el principal problema
es la eficiencia del REINFO para formalizar a miles de mineros. Desde que entró
en funcionamiento este registro, hasta la fecha, se consignó un total de 83,637
mineros inscritos. En cifras más claras, del total de mineros inscritos, el
76.14% (63,677) figuran con licencia suspendida y solo el 23.86% cuentan con
licencia vigente. Del total de mineros con licencia vigente, solo un 2% logró
formalizarse. Este panorama reveló que la mayoría de mineros inscritos están
muy alejados del proceso de formalización.
UN PUNTO MEDIO
PARA ABRIR CAMINO A LA FORMALIZACIÓN
El REINFO, en el fondo, tuvo la buena intención de
iniciar un proceso de formalización de un sector golpeado por la sombra de lo
ilegal. Sin embargo, en la práctica fracasó. La solución es crear un sistema
con reglas claras, apoyo real a los mineros que quieren formalizarse y
sanciones severas para quienes usan la informalidad como fachada del crimen,
pero esta solución siempre implicó que diversas concesiones mineras cedan parte
de sus derechos adquiridos y este debate nunca se puso en la mesa. Con el auge
del precio del oro luego de la pandemia del COVID, era evidente que miles de
familias iban a depositar sus expectativas en una actividad económica sumamente
rentable.
Una propuesta técnica, desarrollada por la Asociación de
Contribuyentes del Perú (ACP), señaló que hay un factor importante que se está
pasando por alto: la existencia de mineros ancestrales (denominación propuesta
por la asociación), o REINFO que cumplen con diversos requisitos básicos,
quienes explotan recursos en tierras que se superponen con concesiones mineras
formales (pero que no son materia de explotación minera activa).
ACP planteó que estos mineros puedan formalizar su
situación mediante el cumplimiento de ciertos criterios tales como:
regularización tributaria, acreditación de propiedad o posesión, contar con un
instrumento ambiental y suscripción de contratos con el concesionario minero.
Una clave de esta propuesta es que no solo se pone énfasis en reconocer a los
mineros ancestrales, sino también se proponen incentivos para los
concesionarios mineros formales, con el objetivo de evitar conflictos y
fomentar la cooperación.
La formalización minera no puede seguir siendo una
promesa pendiente; debe convertirse en una política efectiva, técnica y con
rostro humano, capaz de proteger vidas, recuperar el orden y promover desarrollo
en zonas vulnerables como Pataz.
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