Se informó que 1,180 servidores públicos vienen siendo investigados bajo
un Procedimiento Administrativo Sancionador por cometer actos irregulares
durante el ejercicio de la función pública. 204 ya fueron inhabilitados de
ejercer un cargo público.
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 1,180
funcionarios públicos cuentan con al menos un Procedimiento Administrativo
Sancionador (PAS) abierto. Del total, 204 fueron inhabilitados para trabajar
para el Estado por 5 años, debido a que incurrieron en faltas graves o muy
graves que ocasionaron un perjuicio económico al gobierno. Si bien 29 ya
cumplieron la sanción dispuesta por el órgano de control, 175 aún cuentan con
la sanción vigente.
Es necesario mencionar que, tras la publicación de la Ley N° 31288, la
Contraloría obtuvo nuevamente su capacidad para sancionar irregularidades
identificadas en los informes de control a diferentes entidades públicas.
Recordemos que la sanción administrativa PAS puede ser aplicada sin esperar el
inicio de la toma de acciones legales por parte del Ministerio Público o el
Poder Judicial.
Existen 32 conductas infractoras que el órgano de control puede
sancionar, sin embargo, entre las infracciones más comunes se encuentra el
“actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones y otros
procedimientos; obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, haciendo
uso de su cargo o autoridad e incumplir, negarse o demorar de manera
injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo”. Dichas
sanciones pueden variar entre la inhabilitación de la función pública de 1 a 5
años o la inhabilitación inmediata por un periodo de 60 días hasta un máximo de
un año.
PRINCIPALES PROCESOS SANCIONADOS
Entre los servidores públicos inhabilitados por el PAS figuran desde ex
altos funcionarios del Estado como autoridades gubernamentales a nivel
nacional. Uno de los casos más recordados es el del exgerente general de
Petroperú, quien fue sancionado con 4 años de inhabilitación por el uso
irregular de vehículos del Estado. En esta lista también se encuentran dos
miembros del Comité de selección a cargo de la licitación para la construcción
del Puente Vehicular Tarata, en San Martín). Ambos fueron separados de la
función pública por 4 años por actuar parcializadamente en el referido
procedimiento de selección.
El exalcalde de la Municipalidad Distrital de Morales, en San Martín,
fue inhabilitado por 5 años por beneficiar de manera ilegal a un contratista al
permitirle disponer de la devolución de las garantías de adelantos directos y
para materiales, incluso, cuando no correspondía.
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