En 2023, Perú
pasó el límite de 2.4% del déficit fiscal. La solución más responsable es
exigirle al Estado que reduzca planillas, elimine empresas estatales inútiles y
se vuelva más austero. Urge una reflexión sobre el gasto corriente del Estado,
sus planillas, y sobre si es responsable aumentar sueldos a la burocracia
cuando la economía no avanza.
Así como una
familia, el gobierno también experimenta flujos de ingresos y gastos que son
fundamentales para su funcionamiento. En términos generales, los ingresos
provienen de la recaudación de impuestos y desempeñan un papel crucial en la
financiación de los gastos gubernamentales.
Estos ingresos se
clasifican en tributarios, que incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV)
y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); y no tributarios, como las
contribuciones a la seguridad social. En tanto, los gastos se dividen en dos
categorías: gasto corriente y gastos de inversión pública. El primero cubre la
planilla de sueldos, para mantener el funcionamiento diario de las actividades
gubernamentales. Lo segundo se centra en inversiones a largo plazo como
proyectos en seguridad, educación, salud y otros, con el objetivo de mejorar y
fortalecer la infraestructura y los servicios públicos. En el Perú, este gasto
se divide en 70% corriente y 30% inversión. Esto de por sí ya es inaceptable. 7
de cada 10 soles sirven para mantener la burocracia, no necesariamente para
servir a los ciudadanos.
Entonces, si el
Estado tiene más ingresos que gastos afronta un superávit fiscal, lo que le
permitirá ahorrar dinero para tiempos más desafiantes. Pero cuando gasta más de
lo que genera por ingresos tenemos un déficit fiscal. ¿Y qué se hace ante un
déficit?
Del mismo modo
que actuaría una familia frente a un exceso de gastos sobre sus ingresos, los
gobiernos se enfrentan a esa diferencia mediante la cobertura o financiamiento
a través de deuda interna, deuda externa o la utilización de ahorros previos.
Según el BCR, en el Perú, el financiamiento del déficit fiscal proviene
básicamente del endeudamiento externo e interno.
En ese contexto,
en el 2023, el Perú experimentó un déficit fiscal del 2.8% del PBI, superando
la meta del 2,4%. Esta situación se atribuye principalmente a la disminución de
los ingresos tributarios debido a la baja demanda interna y los precios de
exportación más bajos, especialmente en el sector minero. El problema está en
que el Estado si bien no recauda más, sigue aumentando gastos en
remuneraciones, impulsados por aumentos en distintos regímenes laborales del
sector público y pagos de sentencias judiciales. Esto no es aceptable. Si se recauda
menos, se debe gastar menos. ¿Y en qué se debe gastar menos? En planillas,
sueldos, consultorías, burocracias, entre otros.
El dinero de los
contribuyentes debe ser utilizado para servir a los contribuyentes, no para
servir a la burocracia y a cientos de miles de funcionarios que muchas veces no
hacen nada, malgastan el dinero, o se lo roban, coludidos con otros agentes
corruptos. Así, urge una reflexión sobre el gasto corriente del Estado, sus
planillas, y sobre si es responsable aumentar sueldos a la burocracia (¡!)
cuando la economía no avanza (¡!). Una familia no incrementaría sus gastos si
sus ingresos se reducen. Una familia responsable reduciría sus gastos, sería
más austera, ahorraría. Pero no, nunca esperemos esto del burócrata y el político.
Ellos prefieren seguir afirmando que Petroperú es una empresa “estratégica”.
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