Autoridades regionales exigirán al Ejecutivo intervenir minería ilegal en cerro El Toro
Establecerán mesa de trabajo para interdicción en zona minera ilegal de Huamachuco y terminar con la delincuencia, explotación laboral, tráfico de explosivos, armas y muertes. También piden la presencia de la fiscal de la Nación.
La impunidad que compran los mineros ilegales de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, está por terminarse. Al igual que su estrategia monetaria que han desarrollado para trabar investigaciones ya no sería suficiente para callar a más de una conciencia, seguir causando muertes, contaminando el agua y campos de sembríos.
La prefecta de la región La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte, anunció que se acordó elevar un pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio del Interior y de Energía y Minas (Minem) para exigir la inmediata intervención en el cerro El Toro (Huamachuco) y establecer una mesa de trabajo donde se ha solicitado la presencia de la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos.
Esto se estableció en la última reunión virtual sostenida el lunes entre el vicegobernador regional, Ever Cadenillas; el Comisario de Huamachuco, coronel PNP Marco Quezada; el gerente regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de La Libertad, Ing. Raúl Araya Neyra; el consejero regional, Greco Quiroz; Nelson Barrantes, secretario de la Oficina de Diálogo y Gestión de la PCM y otras autoridades competentes para buscar acciones inmediatas que frenen las muertes, la explotación laboral, tráfico de explosivos, armas y acaben con las mafias mineras que infringen las leyes vigentes ante la desidia de policías y fiscales.
Sin embargo, lo que llamó la atención a los asistentes es que, a pesar del oscuro panorama que impera en esta zona andina, la fiscal especializada en Materia Ambiental de La Libertad, Lastenia Acuña, habría asegurado que no había por qué preocuparse de la situación en el Cerro El Toro. Además, recalcó que los fiscales de Huamachuco son los encargados de resolver el caso de los cuatro mineros fallecidos en el socavón de Minerals Doña Julia, propiedad de Jorge Espejo Moreno.
La fiscal Acuña, casi siempre, ha demostrado también cierta indiferencia cuando se tratan casos donde están involucrados los mineros ilegales de Huamachuco. Esta vez no fue la excepción, lo cual hace suponer el desconocimiento de la realidad e iniciativa para investigar de su parte.
La prefecta regional, Carolina Velasco, fue quien convocó a esta segunda reunión. Y luego de la misma, realizó una visita inopinada al cerro El Toro. En el lugar, comprobó que los mineros ilegales siguen operando a pesar de tener Procesos Administrativos Sancionadores en contra, y más de una muerte en los oscuros socavones donde explotan vidas humanas. Además, trabajan sin protocolos de seguridad y de salud frente al covid-19.
Esta actividad ilegal está causando graves estragos al medioambiente y al agua que consumen los pobladores y la que utilizan en los campos de sembrío. Es el caserío de Shiracmaca, a faldas del cerro El Toro, se ha convertido en una guarida de mineros ilegales. Aquí los pobladores de la zona y los que llegan desde Cajabamba y Pataz reciben 30 soles diarios por entrar doce horas a los socavones y arriesgar su vida, según revelaron los comuneros.
¿Ha comprobado usted que los mineros ilegales de Huamachuco trabajan a pesar de tener procesos sancionadores en contra y sin respetar ningún protocolo?
Efectivamente. La Prefectura Regional de La Libertad ha sido notificada con fecha 16 de noviembre del 2020 que la empresa Minerals Doña Julia tenía sus labores suspendidas. Hoy hemos podido ver personas trabajando en el lugar. Es realmente preocupante porque estas labores ilegales contaminan el ambiente y no cumplen con las medidas de seguridad y salud porque el ente respectivo no se hace presente.
¿Las autoridades de la región tenían conocimiento del escandaloso actuar de los ilegales que pusieron trabas en las investigaciones para esclarecer las muertes de cuatro personas en un socavón de Doña Julia? ¿Qué avances hay al respecto?
No teníamos conocimiento, no sabíamos de las trabas que se han realizado. Sin embargo, hoy estamos a la espera del informe del fiscal a cargo del caso, Ronal Urrutia, un informe pedido por el Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos. Se ha solicitado detalles de cómo van las investigaciones sobre el fallecimiento de cuatro personas en un socavón. Aunque algunas personas de la zona dicen que hubo ocho fallecidos.
Hay cuestionamientos por la inacción del Ministerio Público y la Policía. ¿Qué acciones tomarán la Presidenta de la Junta de Fiscales y el Jefe Policial de la región actuarán de oficio para que el fiscal Urrutia y los oficiales expliquen su extraño proceder?
El jefe de la región ha designado al coronel Marco Quezada. Luego de la reunión, el coronel ha manifestado requerir más personal para desplegar una mejor labor. En general hay una buena disposición de la Policía Nacional del Perú.
En esta zona han ocurrido una serie de muertes. En este último caso, el fiscal a cargo, Urrutia, dijo que no habían fallecidos y, por otro lado, han querido desaparecer las evidencias que determinarán que las víctimas murieron asfixiados. ¿Los deudos podrán exigir justicia?
En el año 2019 murieron ocho personas en el Cerro El Toro y hasta hoy no se ha dado con el responsable de las muertes. Es un hecho lamentable. Ahora existe la decisión de llegar al final de las investigaciones. Hoy tendremos lectura del pedido que se ha realizado a la PCM, Ministerio del Interior y de Energía y Minas a propósito de la interdicción y a una mesa de trabajo donde se ha solicitado la presencia de la doctora Zoraida Avalos, Fiscal de la Nación.
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