Consejero Greco Quiroz cuestiona inacción del Ministerio Público y rondas campesinas advierten marcha por la ausencia de investigaciones contra responsables de muertes en el cerro El Toro a causa de la minería ilegal.
Son cerca de 100 muertes que se han registrado en los últimos años en el cerro El Toro, Huamachuco, por culpa de la letal minería ilegal y han quedado en la más absoluta impunidad. El Ministerio Público, institución encargada de perseguir el delito, hasta ahora no ha encontrado ningún responsable.
El consejero, Greco Quiroz Díaz, quien preside la Comisión de Energía y Minas en el Gobierno Regional de La Libertad, cuestionó esta actitud pasiva que ha mantenido el Ministerio Público y las instituciones competentes para frenar esta terrible realidad que se vive en el cerro El Toro, donde los mineros ilegales hacen lo que se les antoja causando una serie de muertes y comprando el silencio de las víctimas con fuertes sumas de dinero.
“Hay una inacción incomprensible del Ministerio Público y de la Policía para identificar a los responsables. Ya lo advertí, a pesar de las amenazas, de lo peligroso de estas actividades ilegales que hoy se llevan cuatro víctimas más, que sumadas llegan a los 100 muertos. ¿Cuántos muertos más quiere el Ministro del Interior?, ¿cuántos muertos quiere el Ministro de Energía y Minas?, ¿cuántos muertos más quiere la fiscal de la Nación? para tomar acciones contra estos patrones del oro ilegal que se enriquecen a costillas de humildes trabajadores que ponen en riesgo sus vidas por unas cuantas monedas”, cuestionó.
En ese sentido, la autoridad regional reiteró su pedido para la inmediata intervención del cerro El Toro tras los recientes hechos acontecidos, con el fallecimiento de tres hermanos y otro minero en un socavón ilegal de la minera Doña Julia S.A.C de propiedad de Jorge Espejo Moreno.
“Ya lo advertimos, pagan para comprar el silencio de los deudos. Vamos a insistir para que se tomen acciones. Exigimos la interdicción del cerro El toro a fin de frenar más muertes. La impunidad no puede primar en el país, tenemos que ser inflexibles contra esta minería que acaba con la vida y el medioambiente”, enfatizó la autoridad, quién instó a los congresistas liberteños a pronunciarse.
Por su parte, el gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, Raúl Araya Neyra, confirmó que la empresa Doña Julia S.A.C, donde ocurrió la tragedia, no acató la medida cautelar de suspensión inmediata de todas las actividades mineras impuesta como parte del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) al infringir los protocolos sanitarios durante la pandemia y poner en riesgo a sus trabajadores. “Es una empresa que tenía una medida cautelar de suspensión de sus actividades, pero como vemos no ha acató la normativa impuesta mediante resolución por la Gerencia Regional de Minas”, sostuvo.
Asimismo, Jorge Espejo Moreno, quien aduce ser presidente de las rondas del caserío de Shiracmaca quienes lo respaldan, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad lo investiga por delitos de contaminación ambiental, en la modalidad de minería ilegal y por uso de químicos peligrosos como el cianuro.
Plazo de 24 horas
En tanto, la Central Única de las Rondas Campesinas de Huamachuco, dio un plazo de 24 horas para que el fiscal a cargo del caso, Ronal Urrutia Castillo, tome acciones inmediatas y disponga el retorno de los cuerpos a Huamachuco para la necropsia de ley e iniciar con las investigaciones. De lo contrario, advierten que realizarán una protesta frente a la sede del Ministerio Público de Sánchez Carrión ante la incompetencia del trabajo de los fiscales que hasta la fecha no han encontrado ningún responsable de la serie de muertes que se registran en esta zona de la sierra de La Libertad.
“Deja mucho que desear de parte de las autoridades competentes su falta de acción. Hacemos un llamado al fiscal Urrutia, le damos un plazo de 24 horas para que traiga a los cuerpos a fin de realizar la necropsia. Es indignante que el fiscal haga oídos sordos ante los reclamos de las familias. No vamos a permitir más atropellos y abusos, vamos hacer una protesta por el ineficiente trabajo de la fiscalía de esta provincia”, anunció un dirigente ronderil.
La indignación de las rondas se dio al enterarse que los cuerpos de los hermanos, Paulino, Esteban y Ricardo Valderrama Altamirano de 24, 28 y 32 años de edad, respectivamente, están siendo velados en su tierra natal, ubicada en el centro poblado de Lluchubamba, distrito de Sitacocha, provincia de Cajabamba, sin que se hayan realizado las pericias fiscales.
Los cadáveres, según consta en un acta policial, fueron trasladados a bordo de una camioneta presuntamente por personal contratado por la labor minera donde murieron. A pesar que la Policía quiso intervenir los familiares se opusieron. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los familiares suelen impedir las diligencias de ley para evitar que se dé con los responsables del caso, pues estos sueltan dinero para ello. Mientras, el cuerpo de otra de las víctimas, Merardo Fernández Acebedo, fue enterrado ayer en Shiracmaca.
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