Congresista liberteño pide informe y una exhaustiva investigación al Ministerio Público. Prefecta regional convocó a reunión urgente con autoridades regionales para tomar acciones por las muertes en esta zona de minería ilegal.
“Tus familiares pidieron trabajo aquí. Nadie los llamó. Y en este trabajo algunas veces la gente muere. Acepten los diez mil soles y no se atrevan a denuncien a nadie”, esas fueron las advertencias que recibieron los familiares de los cuatro mineros que perdieron la vida al interior de un socavón ilegal en el cerro El Toro, Huamachuco, y que les hacen perder las esperanzas de hallar justicia.
Diez mil soles y en otros casos veinte mil vale una vida en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión. Una tarifa que manejan las mafias mineras para comprar el silencio y seguir operando sin freno ante el desinterés y la indiferencia del Ministerio Público.
Al respecto, el congresista liberteño, Miguel Vivanco Reyes, envió un oficio a la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de La Libertad para que informe qué acciones se han tomado ante el evidente y descarado accionar de la minería ilegal que cobró la vida de los cuatro mineros al interior de la labor Minerals Doña Julia de propiedad de Jorge Espejo Moreno.
En el documento, el parlamentario también expresa su desconfianza y preocupación con el desempeño del Ministerio Público, que hasta el momento, no han ejecutado ninguna acción a pesar de la serie de delitos que vienen perpetrando las mafias de minería ilegal en la zona.
“Los hechos fueron puestos a conocimiento del fiscal provincial de la Fiscalía Mixta de Sánchez Carrión, Ronal Urrutia Castillo, mediante dos denuncias presentadas por las esposas de las víctimas, quienes, además, han manifestado públicamente que el propietario de la mina dispuso desaparecer los cuerpos. Hechos que denotan gran gravedad y merecen una profunda investigación por el Ministerio Público”, cuestionó.
Asimismo, la prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco Nalvarte, emitió el oficio múltiple N° 016 – 2021 – DGIN-LAL, mediante el cual convocó a una reunión urgente al gobernador regional, Manuel Llempén; al general PNP de La Libertad, Carlos Céspedes Muñoz; a la Dra. Marena Mendoza Sánchez, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, al Ing. Raúl Araya Nerya, gerente regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de La Libertad, a representantes del Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades competentes para buscar acciones y hacer frente a esta problemática. La cita está programada para hoy lunes 17 de mayo a las 5 p. m.
En tanto, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos - La Libertad, cuyos funcionarios hicieron una inspección y pudieron comprobar que la empresa Minerals Doña Julia, de Jorge Espejo Moreno, sigue realizando actividades a pesar de tener procesos sancionadores vigentes. Es decir, si a este sujeto no le importan las vidas humanas, menos las leyes vigentes.
Según denunciaron los pobladores, este sujeto tendría bajo sueldo a varios operadores que reparten el dinero en efectivo para comprar conciencias. Lo hicieron regalando 500 canastas por el Día de la Madre, luego de que algunas mujeres declararan antes dos medios coludidos con la minería ilegal que Espejo Moreno era un benefactor.
Mientras tanto, los familiares de los fallecidos por denunciar el hecho ante las autoridades son víctimas de amenazas en la puerta de su casa. Según sindicaron, los que recibieron dinero por cada cadáver, a fin de evitar las diligencias de acuerdo a ley, han desaparecido de la zona. Estas humildes familias acceden a cobrar el dinero, toda vez que sus familiares recibían 55 soles diarios por arriesgar su vida, sin equipos de seguridad y sin protocolos contra el covid -19.
¿Dónde están los fiscales?
A pesar de tratarse de una situación bastante preocupante la que se presenta en esta zona andina, la Fiscalía, siendo la institución encargada de perseguir el delito, no cumple con su trabajo, pese a la serie de evidencias de los hechos y con su pasividad se convierten en facilitadores de las mafias mineras.
Según indicaron los deudos, resulta extraño el proceder del fiscal Ronald Urrutia Castillo. Este funcionario no tuvo la decisión, ni la valentía de entrar al predio donde sucedieron los hechos, a pesar de que los efectivos policiales lo llamaron en horas de la noche desde la zona, cuando había señales de que iban a retirar los cadáveres sin autorización.
Lamentaron que hasta el momento, Ronal Urrutia, ha desplegado un esfuerzo mínimo para esclarecer e investigar el caso. Lo poco que ha hecho fue por la presión de los familiares y medios de prensa que no tienen ningún compromiso con la minería ilegal.
Y no es la primera vez que los fiscales de Huamachuco dilatan un proceso o no investigan. En noviembre del año pasado dos menores murieron por manipular cartuchos de dinamita que trafican los mineros ilegales. Jorge Fernández Urteaga, que figura como fiscal provincial dejó pasar el tiempo y hasta ahora no hay señales de algún responsable.
Los pobladores exigen tener fiscales proactivos en Huamachuco. Los que trabajan actualmente no orientan su total esfuerzo cuando se trata de minería ilegal. En Shiracmaca domina una banda de ilegales que manipula a los pobladores apelando a sus carencias económicas. Ya no solo es tráfico de armas, explosivos y explotación laboral. Nuevamente hubo muertes y se trata de silenciar el delito con dinero.
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