Ayer el Congreso
aprobó una nueva ley agraria con serias deficiencias técnicas, que pone en
riesgo de desaparición a 200,000 puestos de trabajo formales directos e
indirectos. Hemos expresado nuestras discrepancias con lo aprobado por el
Congreso públicamente y por los canales que brinda la institucionalidad
democrática, como corresponde.
Sin embargo, lamentamos observar que hoy las carreteras nuevamente son bloqueadas,
mientras se amenaza y agrede a trabajadores del agro que solo buscan asistir a
sus centros de labores. Todo esto, mientras se multiplica información falsa con
el objetivo de azuzar e instigar a la violencia. Un Estado de derecho
democrático como el nuestro, no debería permitirlo.
Lamentamos estos
hechos y nos solidarizamos con los cientos de miles de peruanos que son
víctimas de estos hechos violentos, instigados por agitadores que creen estar
por encima de la democracia, de la ley y de las responsabilidades ciudadanas
que esta supone.
Invocamos urgentemente
a las autoridades a mantener la paz social. No dejemos que grupos violentos les
quiten a millones de peruanos el derecho a la vida y la salud, el derecho al
libre tránsito, el derecho al trabajo, y el acceso a suministros como medicamentos
y oxígeno, cruciales en la actual situación.
Avancemos juntos,
en paz y democracia.
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