Consejero Greco Quiroz solicitó reunión urgente con Zoraida Ávalos y titulares del Ministerio del Interior y de Energía y Minas para ejecutar interdicción en zona minera en Sánchez Carrión por muertes.
Tras la muerte de dos menores de edad a consecuencia de la letal minería ilegal que opera en la provincia de Sánchez Carrión, el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, solicitó una reunión urgente con la fiscal de la Nación, con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Interior para retomar la interdicción y poner fin a tantas muertes.
La autoridad regional, envió el documento a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, así como al titular del Minem, Javier Gálvez Delgado y al Ministro del interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, dándoles a conocer los hechos dolosos recientemente acontecidos con la muerte de dos menores de 11 y 12 años de edad tras manipular una caja de explosivos que suelen usar mineros ilegales, considerando que urge tomar acciones para la interdicción del cerro El Toro.
En el documento, Quiroz también expresa su desconfianza con el desempeño del Ministerio Público y de la Policía en Huamachuco debido, que hasta el momento, no han ejecutado ninguna acción a pesar de la serie de delitos que vienen perpetrando las mafias de minería ilegal en la zona. “Su accionar es pasivo u omiten los hechos”, cuestionó.
De otro lado, el también presidente de la comisión investigadora del cerro El Toro, exigió el cambio total de los efectivos de la Policía Nacional asignados a la provincia de Sánchez Carrión puesto que ellos son los encargados de evitar que ingresen explosivos.
Asimismo, expresó que existen autoridades en Sánchez Carrión, que apoyan y marchan con los mineros ilegales solo por "conseguir votos", y todo a costa de muertes de inocentes, como el caso de los primos Julián y Yolvín.
“Solo en Huamachuco la minería ilegal genera cerca de 100 millones de soles, con esto ellos compran conciencias, encubrimientos y el silencio de las autoridades. Precisamente hay autoridades regionales apoyando marchas que en su mayoría participan personas vinculadas a la minería ilegal de la zona. ¡Cómo es posible que autoridades estén protegiendo, encubriendo a personas vinculadas con la minería ilegal!”, cuestionó.
En tanto, pese a las constantes denuncias y las inspecciones realizadas por la Gerencia Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos de La Libertad las labores mineras ilegales siguen provocando daños irreparables a la vida y al medio ambiente en Huamachuco. Entre ellas figuran, la planta de Procesamiento de Minerales Auríferos Alva, de propiedad Oswaldo Alva Polo, líder de la iglesia evangélica “Lazos de Amor”. También Jorge Espejo Moreno, propietario de Minerals Doña Julia, una operación al margen de la formalidad porque la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de La Libertad la investiga por el presunto delito de minería ilegal.
Finalmente está el clan de los hermanos García Ríos, uno de ellos nombrado extrañamente agente municipal. Ellos tienen una propiedad donde se realiza minería ilegal y donde el personal trabaja sin implementos de seguridad y protocolos sanitarios. Incluso llevan niños, niñas y hasta mujeres adultas en el lugar, expuestos a la contaminación de químicos y contagio del Covid-19, según denunciaron los pobladores.
Estos personajes, identificados en todo Huamachuco como mineros ilegales, estuvieron presentes en las reuniones previas que sirvieron para convocar un paro en el caserío de Shiracmaca contra una minera de la zona. Convocaron a Delmer Alva, sobrino de Oswaldo Alva Polo y presidente de la Junta Administradora de Servicio y Saneamiento (JASS). Este sujeto se encargó de encabezar una protesta que, incluso, estuvo apoyada por la consejera regional de Sánchez Carrión, Jennifer Catalán.
La población de Huamachuco espera que la muerte de Julián y Yolvín no quede impune como las más de 70 muertes que se han registrado en los últimos años en El Toro, ya que cuestionaron que el fiscal de Huamachuco, Wilson Muñoz, no haya ordenado una inspección en las viviendas del barrio Cumbicus para ubicar los explosivos que podrían estar ocultos.
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