El funcionario señala que durante su gestión la región ocupa el segundo lugar en la clasificación del proceso de formalización a nivel nacional. Se sorprende que ilegales busquen apoyo en autoridades para traer abajo el proceso de formalización.
Trujillo, 18 de octubre. Tras el pedido de los mineros ilegales de separarlo de su cargo, el gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, Raúl Araya Neyra, advierte que mafias dedicadas a esta ilícita actividad pretenden seguir operando y poner en tela de juicio el proceso de formalización para poder acceder, bajo ciertas argucias legales, al REINFO.
El funcionario informó que dentro del proceso de formalización minera, La Libertad ocupa el segundo lugar en el país después de Puno. Lamentó, que los dueños de estas labores ilegales traten de buscar apoyo de ciertas autoridades denunciando supuestas arbitrariedades.
Tal es el caso de los mineros ilegales que operan en el cerro El Toro, quienes enviaron un oficio a la consejera regional Jennifer Catalán para que solicite la separación de su cargo de Raúl Araya. Luego solicitaron una audiencia con la Comisión de Energía y del Consejo Regional de La Libertad para exponer que los operativos de fiscalización en la zona son una arbitrariedad y, además, solicitaron la presencia de la mencionada consejera como intermediaria.
Según Araya Neyra, esto se dio luego que se ejecutó una serie de operativos de fiscalización en los que se comprobó que las labores mineras seguían con sus actividades y no cumplían los protocolos de bioseguridad durante el estado de emergencia.
¿Por qué razones los mineros ilegales de Huamachuco buscan su destitución?
Pienso que buscan desestabilizar al funcionario que trabaja para erradicar la ilegalidad con el proceso de formalización. Ellos pretenden continuar trabajando al margen de la ley. Ojo el único lugar donde realizan cianuración a cielo abierto y en condiciones no adecuadas es en La Libertad.
¿Le sorprende que los mineros ilegales de Huamachuco hayan acudido a la consejera por Sánchez Carrión y pidan reunirse con la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional?
Me sorprende que busquen el apoyo de autoridades provinciales, quienes en muchos casos se dejan sorprender por desconocimiento de la norma.
Por ejemplo, en el caso de la operación minera Minerals Doña Julia S.A.C, mediante resolución Nro. 140-2020 -GRLL-GGR/GREMH, se ordenó a que detenga su ilegal actividad. Y el Informe Conjunto N° 0003 – 2020 corrobora que no acataron esta orden.
En la Resolución Gerencial Regional N° 140-2020-GRLL-GGR/GREMH no solo se ordenó la paralización de actividades a Minerals Doña Julia sino también a don Basilio Gonzales Siccha. Y en el Informe Conjunto N° 003-2020 los fiscalizadores corroboraron que dichas personas no cumplieron con lo dispuesto por esta gerencia regional.
¿El Gobierno Regional de La Libertad respalda las acciones que realiza su gestión?
El Gobernador Regional nos respalda por el trabajo eficiente que venimos realizando. Esta Gerencia Regional no solo fiscaliza y sanciona; también brinda la asistencia técnica a los mineros para que realicen sus actividades respetando las normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional. A la fecha ocupamos el segundo lugar, a nivel nacional, en la clasificación del Proceso de Formalización.
¿Cuánto daño vienen ocasionando los mineros ilegales del cerro El Toro al ecosistema. Y La Libertad puede convertirse como Madre de Dios?
La minería ilegal ocasiona daños al ecosistema, a la salud de las poblaciones cercanas porque los insumos que utilizan son altamente tóxicos. De otro lado, sabemos que estas prácticas de minería ilegal vienen ligados a otros delitos como el lavado de activos, sicariato o trata de personas. Es por ello que se busca erradicarla en Huamachuco y no repetir la historia que tiene lugar en Madre de Dios.
¿Cuántos mineros ilegales operan en el Cerro El Toro?
En el Cerro El Toro creemos que debe haber hasta 200 personas trabajando de manera ilegal, que quieren seguir haciendo de las suyas en Huamachuco. Lo mismo se registra en otras partes de la región.
Por eso es necesario el trabajo conjunto con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el Ministerio del Interior y diversas instituciones competentes como la Defensoría del Pueblo, ante la serie de muertes que quedan impunes y los delitos que origina esta ilícita actividad.
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