La
Defensoría del Pueblo advirtió que el prolongado estado de emergencia provocado
por la pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad,
sobre todo a las poblaciones vulnerables, entre ellas las personas con
discapacidad, quienes incluso antes de la llegada del coronavirus se
encontraban en una situación de discriminación.
Para
la institución, este escenario es provocado por un limitado acceso a servicios
que garanticen el ejercicio de derechos, así como por los prejuicios,
estereotipos y una precaria institucionalidad pública en materia de
discapacidad. Es así que, en lo que va de la pandemia, la atención brindada
desde las instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos no
se ha adaptado a las necesidades particulares de las personas con discapacidad.
En
ese sentido, la accesibilidad a la información y a la comunicación es limitada
e impacta en el ejercicio de sus derechos; por ejemplo, muchas personas con
discapacidad se vieron afectadas por la falta de información accesible respecto
a los cuidados para prevenir el contagio del COVID-19 y a las posibilidades
para acceder a los bonos otorgados por el Estado.
Adicionalmente,
las clases virtuales brindadas por el Ministerio de Educación (Minedu) no
aseguraron la accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Al
respecto, se identificó una insuficiente articulación entre el Minedu y las
autoridades de los distintos niveles educativos, así como limitados recursos
educativos adaptados para las necesidades de los estudiantes con discapacidad y
otras necesidades educativas especiales.
Esto
se identificó no solo en la educación básica, sino también en la universitaria,
donde en un muestreo cualitativo aplicado a 207 personas se halló que 88 % de
los encuestados no fueron beneficiados con la subvención del servicio de Internet,
dispositivos informáticos o electrónicos (universidades públicas), 63 % de los
encuestados no tuvieron facilidades en la conectividad virtual (universidades
privadas) y 89 % de estudiantes con discapacidad auditiva encuestados manifestó
que no se implementó la interpretación de lengua de señas.
Asimismo,
pese a los esfuerzos por implementar una plataforma virtual de intérpretes de
lengua de señas por parte del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (Conadis), el desconocimiento de algunas autoridades sobre
la existencia de dicho servicio, unido la falta de acceso a internet en
distintas zonas del país, motivaron diversas quejas de la comunidad de personas
sordas por las barreras de comunicación.
En
materia de salud mental, el 71 % de la población peruana experimentó problemas
emocionales, de ansiedad, estrés, discusiones o depresión. 3 de cada 10
personas mayores de 18 años han tenido episodios depresivos; de este grupo, 4
de cada 10 presentaron depresión moderada y severa, y 1 de cada 10 tuvieron
ideas suicidas.
Por
otro lado, en el contexto de pandemia se aprobó la Política Nacional
Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, país saludable”, la cual no incluye
lineamientos en salud mental, ni se desarrolla con enfoque de discapacidad.
Tampoco se ha considerado la salud mental en el Acuerdo Nacional, ni en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional ni en la Política General de Gobierno 2021.
En
lo que respecta al derecho a la seguridad social, a junio del 2020 el 70 % de
personas con discapacidad que cumplían con los requisitos para ser
beneficiarios del Programa Contigo, no recibían la pensión y permanecían en
lista de espera. Asimismo, no se han implementado los sistemas de apoyo o
ajustes razonables para las personas con discapacidad beneficiarias del mencionado
programa. Dicha situación limita el ejercicio de la capacidad jurídica de estas
personas y constituye una barrera para hacer efectivo el cobro de la pensión no
contributiva.
En relación
a las medidas excepcionales de apoyo social implementadas durante la pandemia,
en distintas regiones supervisadas se ha verificado que no se ha priorizado la
atención de las personas con discapacidad. Además, se advirtió que en muchos
casos las Oficinas Municipales de Atención a las Persona con Discapacidad
(Omaped) funcionan con escasos recursos económicos (no se cumple con asignar el
0,5 % del presupuesto de la Municipalidad) y humanos (una sola persona por
oficina) o suspendieron actividades.
Por último, es importante
tener en cuenta que actualmente el Congreso está impulsando una nueva Ley
General de la Persona con Discapacidad mientras que el Ejecutivo, promueve la
Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. En ambos casos, la
Defensoría del Pueblo viene exhortando a los distintos poderes a desarrollar
amplios procesos de consulta para lo que se ha cursado comunicación a las
autoridades pertinentes: Comisión de Inclusión Social y Personas con
Discapacidad del Congreso, Conadis, Presidencia del Consejo de Ministros y
todos los ministerios.
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