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Las empresas Integratel y Entel expresaron su voluntad de participar
activamente, para analizar en detalle elementos críticos del proceso de contratación de
servicios.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL) puso en marcha el proyecto piloto orientado al diseño de nuevas
herramientas de fiscalización del proceso de contratación de servicios
móviles, basado en un enfoque de riesgos.
Esta iniciativa se sustenta en la verificación anticipada de elementos
clave del proceso y en la confianza regulatoria, marcando un avance hacia una
fiscalización más moderna, técnica y alineada con los desafíos actuales del
mercado de telecomunicaciones.
En el marco de este piloto, promovido por el OSIPTEL, las
empresas operadoras Integratel y Entel expresaron su voluntad de
participar activamente en un entorno de cocreación regulatoria, que permitirá
profundizar en el análisis de información técnica específica, diseño y
validación de herramientas, identificación de riesgos y de incentivos.
La participación voluntaria de ambas empresas también permitirá
analizar en detalle elementos críticos del proceso de contratación de
servicios, como la trazabilidad del chip, la validación de identidad del
usuario, el uso de equipamiento biométrico, la contratación y activación del
servicio, entre otros. De esta manera, se busca determinar los riesgos regulatorios
asociados a dicho proceso.
Asimismo, esta interacción contribuirá al
desarrollo de protocolos, listas de verificación y propuestas tecnológicas
orientadas a fortalecer la trazabilidad y confiabilidad del proceso. Esto
permitirá diferenciar la diligencia de los operadores para ejecutar el proceso
y, por ende, la presión regulatoria futura que ejerza el OSIPTEL.
Este proyecto innovador se suma a la constante actualización de la
regulación y al perfeccionamiento continuo de las herramientas de fiscalización
del OSIPTEL, señal concreta de
adaptación al dinamismo del mercado; tal como ocurrió con el mayor uso
de mecanismos no punitivos durante la etapa de fiscalización, significando que
las acciones preventivas pasaron de 8.5 % en 2022 a 33.1 % en 2025, respecto
del total de fiscalizaciones iniciadas.
Acciones con el piloto
El piloto, con una duración de cuatro meses, contempla visitas
de campo, trabajo técnico y evaluación de establecimientos autorizados en
regiones del país, con el propósito de construir una metodología de
fiscalización basada en riesgos, que será aplicable para alrededor de 70 000
establecimientos existentes a nivel nacional.
Así, el equipo de trabajo propondrá el cierre de la brecha tecnológica
y normativa, que permitan fortalecer la fiscalización preventiva y la
autorregulación, sin tener que llegar a la etapa instructiva ni
sancionatoria.
En contraste, Claro y Bitel decidieron no sumarse a esta
fase inicial del proyecto, pese a tratarse de un espacio técnico no vinculante,
sin efectos jurídicos individuales y concebido para enriquecer, desde la
experiencia operativa colectiva, el diseño de futuras herramientas de fiscalización.
En esa línea, el OSIPTEL
reafirma que la innovación regulatoria requiere diálogo, apertura técnica y
corresponsabilidad entre regulador y operadores, especialmente en procesos
donde la protección del usuario y la integridad de la contratación constituyen
prioridades estratégicas.
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