Desde 2028, los independientes deberán aportar de manera
obligatoria entre 2 % y 5 % de sus ingresos a las AFP. Aunque el reglamento
promete una pensión mínima de 600 soles, los requisitos son tan estrictos que
muchos nunca accederán, mientras las AFP aseguran más fondos y el Estado asume
el costo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento de la
reforma previsional en Perú. Vigilante.pe analizó la medida más polémica de la
norma: la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes al sistema,
que entrará en vigencia desde el 1 de junio de 2028.
Según la nueva ley, los independientes que emiten recibos por honorarios
(rentas de cuarta categoría) deberán aportar un porcentaje de sus ingresos a
las AFP. El aporte será progresivo: 2 % en 2028 y 2029, 3 % en 2030 y 2031, 4 %
en 2032 y 2033, y 5 % desde 2034 en adelante.
El reglamento no establece una edad base para iniciar los aportes. Esto
significa que incluso un trabajador de 50 o 60 años estará obligado a
contribuir, aunque en la práctica no pueda acumular un fondo suficiente para
obtener una pensión digna.
La norma también confirma la pensión mínima de 600 soles para los
afiliados, tanto en el sistema público como en el privado. Sin embargo, acceder
a este beneficio requiere cumplir condiciones estrictas: tener 65 años,
acreditar 20 años de aportes (240 cuotas) y no haber retirado dinero de la AFP
desde septiembre de 2024.
En consecuencia, la mayoría de independientes que comiencen a aportar a
edades avanzadas no podrán acceder a la pensión mínima, pese a que se les
descuente de manera obligatoria un porcentaje de sus ingresos.
El esquema ha generado fuertes críticas. Para los trabajadores
independientes, significa perder parte de sus ingresos sin garantía de
jubilación. Para las AFP, representa una entrada asegurada de nuevos fondos
bajo administración. Y para el Estado, implica asumir con dinero de los
contribuyentes la diferencia necesaria para cumplir con la promesa de la pensión
mínima.
Los críticos califican el modelo como un “negocio redondo”: las AFP
aseguran caja y rentabilidad, mientras que el fisco paga la factura con
recursos públicos. Aunque el objetivo declarado es ampliar la base de
aportantes y garantizar un piso mínimo de jubilación, el debate apenas empieza.
La gran pregunta es si esta reforma previsional fortalecerá el sistema de
pensiones o solo consolidará el negocio de las AFP.
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