Más de 400 mil niños entre 3 y 5 años quedan fuera del
sistema educativo inicial, mientras el presupuesto público prioriza pagos de
planillas en detrimento de inversiones en aulas seguras, capacitación docente y
materiales.
Los niños del Perú arrancaron el segundo semestre del año
escolar en medio de una realidad alarmante: la educación inicial, pilar
fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños,
enfrenta brechas que perpetúan la desigualdad social. Según datos recientes del
Ministerio de Educación (Minedu) y el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), más de 400.000 niños de 3 a 5 años permanecen fuera del
sistema educativo, un vacío que no solo afecta su futuro inmediato, sino que
compromete el desarrollo nacional a largo plazo. Esta exclusión se agrava en
zonas rurales y periféricas, donde el acceso a materiales, docentes calificados
y espacios adecuados es desigual, exacerbando la brecha urbano-rural.
El Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, elaborado
por el Instituto Peruano de Economía (IPE), arroja luz sobre estas
disparidades. Vigilante.pe analizó el
informe que evalúa 42 indicadores en seis pilares, incluyendo educación, y que
posiciona a regiones como Loreto en el último lugar en competitividad
educativa, mientras Tacna y Moquegua lideran. En pilares como infraestructura y
salud —íntimamente ligados a la educación—, el INCORE destaca brechas
persistentes: por ejemplo, en Cajamarca, Amazonas y Apurímac, más del 35% de
los estudiantes de inicial y primaria asisten a escuelas con infraestructura en
alto riesgo de colapso. Esto afecta a 843.000 niños, equivalentes al 23,7% del
total en estos niveles, exponiéndolos a entornos inseguros que limitan el aprendizaje
efectivo.
La crítica central recae en la gestión del gasto público.
Para 2025, el presupuesto asignado a la función educación asciende a S/ 49.611
millones, un incremento del 6,6% respecto al año anterior. Sin embargo, el 65%
de estos recursos se destina a planillas y sueldos, dejando menos del 25% para
inversiones en infraestructura, calidad y recursos educativos. Este desbalance
es evidente en el aumento sostenido del gasto en remuneraciones estatales:
desde 2005, este rubro ha crecido hasta representar el 33% del presupuesto
total para 2025, multiplicándose en sectores como educación. En regiones como
Arequipa, el gasto en planillas docentes se duplicó entre 2019 y 2024, pasando
de S/ 371 millones a S/ 783 millones, sin traducirse en mejoras significativas
en resultados educativos.
Esta priorización de sueldos sobre inversiones
estructurales revela ineficiencias estatales crónicas. El Minedu ha anunciado
incrementos remunerativos para maestros en 2025, permitiendo el acceso a la
Carrera Pública Magisterial de 6.000 docentes y ascensos para 25.000 más. No
obstante, la brecha de infraestructura educativa se estima en S/ 158.832
millones a diciembre de 2024, según datos oficiales. Un informe del Banco
Mundial complementa esta cifra, indicando que se requieren al menos S/ 60.000
millones para cerrar la brecha con cobertura universal en inicial y secundaria.
Mientras tanto, indicadores como la anemia infantil y el bajo rendimiento en
lectura persisten.
La asignación presupuestaria también refleja una subsidiariedad
insuficiente: el sector privado podría jugar un rol clave en el desarrollo
educativo mediante alianzas público-privadas para infraestructura y
capacitaciones. El INCORE 2025 subraya que regiones con mayores brechas, como
Ucayali y Amazonas, necesitan intervenciones que fomenten la participación
privada para elevar la competitividad. Expertos advierten que sin reformas, el
90% del desarrollo cerebral —que ocurre antes de los 5 años— se desperdicia en
entornos deficientes, perpetuando ciclos de pobreza.
Urge una reevaluación de las políticas: redirigir fondos
hacia capacitaciones docentes, materiales innovadores y escuelas seguras,
integrando al sector privado para eficiencia y transparencia.
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