La Ley 32242, que impide la continuidad
de maestros procesados por delitos graves, enfrenta intentos de derogación en
el Congreso. Mientras algunos parlamentarios argumentan vulneración de
derechos, expertos advierten que permitir su permanencia pondría en riesgo la
educación de miles de estudiantes y el uso de recursos públicos.
El pasado 11 de
enero se promulgó la Ley 32242, que impide la continuidad en el magisterio de
docentes procesados y sentenciados en primera instancia por delitos como
terrorismo, apología al terrorismo, violación o tráfico de drogas. Si bien la
norma fue saludada por aquellos que defienden el derecho de niños y
adolescentes al acceso de un óptimo servicio educativo, los congresista Flavio
Cruz, Paul Gutiérrez y Alfredo Pariona; miembros de la Comisión de Educación
del Congreso, proponen la derogación de la Ley, bajo el argumento de que se
estaría vulnerando el derecho al trabajo.
El
parlamentario Waldemar Cerrón mencionó que la norma viola la presunción de
inocencia y priva de sus derechos a los maestros que, según su criterio, fueron
“sentenciados injustamente”. No obstante, diversos expertos como el abogado
principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Diego Gomez, se
oponen a la derogación de la Ley N° 32242, debido a que “es válido, legal y
coherente impedir el ejercicio de la docencia a personas que tengan
antecedentes por delitos tan graves e incompatibles con la función docente. No
se pueden normalizar estas situaciones. Hay que recordar que estos impedimentos
también aplican para la postulación a cargos públicos como Presidente de la
República y congresistas”.
Permitir que
docentes sentenciados continúen en el magisterio no solo pone en peligro la
educación de miles de estudiantes en colegios públicos y privados a nivel
nacional, sino que también pone en duda sobre el destino final de los recursos
del Estado, debido a que los sueldos de estos maestros son financiados con el
dinero de los contribuyentes.
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