Con una brecha de infraestructura que supera los US$ 159,000 millones, la
reducción del 18% en inversión pública pone en jaque la construcción de
colegios, hospitales y carreteras. Este recorte limita las oportunidades de
desarrollo sostenible en el país, mientras la eficiencia en la gestión de
fondos sigue siendo un desafío.
El Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) para el 2025 asciende a S/ 253,151 millones, reflejando una reducción del
3.3% en comparación con el año anterior. El gobierno nacional tiene cuenta con
el 64% de los fondos, mientras que los gobiernos regionales y locales poseen el
22% y 14%, respectivamente.
Esta disminución presupuestal ha
recaído de manera desproporcionada sobre rubros clave para el desarrollo del
país: inversión pública (-18%), bienes y servicios (-8%) y otros gastos (-17%).
La decisión de recortar la inversión en
infraestructura es particularmente preocupante, considerando la persistente
brecha de infraestructura de US$159,549 millones, la cual impide el desarrollo
sostenible del Perú.
Pese a la reducción de presupuesto para
inversiones, el dinero destinado a planillas sigue creciendo subiendo, esta vez
3% respecto al 2024. La reducción del
18% en inversiones públicas es preocupante porque limita la construcción de
colegios, hospitales, carreteras y otras infraestructuras críticas.
En 2024, los gobiernos locales,
administrarán la mayor proporción de fondos para la ejecución de obras de
infraestructura pública, incluso, contaban con mucho más dinero que el propio
gobierno nacional. La gestión de recursos es deficiente en municipalidad
provinciales y distritales, por ello, solo se invirtió el 67% de los fondos
hasta diciembre de 2024. Es decir, se retornó a las arcas públicas el 33%.
Para la economista y directora de la
Asociación de Contribuyentes del Perú, Camila Costa, “en lugar de optimizar la
gestión y mejorar la capacidad de ejecución en el interior del país, se ha
optado por recortar fondos esenciales. Es inaceptable”.
SECTORES CON PRESUPUESTO RECORTADO
En total, fueron 18 los sectores
gravemente afectados por la reducción del presupuesto público. Entre ellos se
encuentran: Trabajo (-57%), protección social (-55%), energía (-48%), turismo
(-41%), cultura y deporte (-39%), comercio (-35%), defensa y seguridad nacional
(-34%), comunicaciones (-34%), minería (-33%), vivienda y desarrollo urbano
(-33%), órden público y seguridad (-32%), ambiente (-23%), educación (-23%),
saneamiento (-18%), transporte (-17%), agropecuario (-8%), industria (-6%) y
salud (-2%).
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