Con S/2,35 en gasto corriente por cada S/1 destinado a obras, Perú refuerza una estructura estatal costosa y alejada de las necesidades de los contribuyentes.
Pese a un contexto de
desaceleración económica, alto índice de informalidad y la inflación en
aumento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se muestra optimista al
incrementar en 4.5% el Presupuesto Público de 2025. Para el próximo año, el
Estado contará con S/251,801 millones que, según el Primer Ministro Gustavo
Adrianzén, servirán para priorizar asuntos públicos como la seguridad
ciudadana, salud y el desarrollo agrario. Sin embargo, la realidad es otra,
debido a que el Estado destina un mayor porcentaje de los recursos públicos al
gasto corriente, en lugar de invertir en más escuelas, hospitales y carreteras.
Durante los últimos años, el gasto
corriente (planillas, alquileres, consultorías, etc) representó, en promedio,
el 62% del presupuesto, lo que evidencia que el aparato estatal prefiere
mantener esta estructura rígida orientada únicamente a su funcionamiento, en
lugar de priorizar su modernización y transferencia de recursos a favor de
nueva infraestructura pública.
Según la economista y directora de la
Asociación de Contribuyentes del Perú, Camila Costa, el incremento del gasto
corriente no solo limita los recursos disponibles para obras que beneficien a
la población, sino que también refuerza una estructura burocrática que
dificulta la ejecución de proyectos de inversión.“Prácticamente estamos pagando
más burocracia estatal que no está resolviendo problemas ni agilizando la
ejecución eficiente de obras”, sentenció.
Es preciso mencionar que, en Perú, por
cada S/1 que invierte el gobierno en obras de infraestructura, el Estado
también gasta S/2,35 en su funcionamiento. Este gasto operativo del aparato
estatal crece anualmente en casi todos los niveles de gobierno. Sin embargo, el
dinero para proyectos de inversión (carreteras, hospitales o colegios) apenas
sube un 3.2% y representa solo el 30% del presupuesto total por cada año.
“Perú prioriza su funcionamiento
interno sobre la mejora del bienestar social. Para revertir este panorama, se
necesita una política presupuestaria que refuerce la inversión en
infraestructura y servicios públicos, fundamentales para el desarrollo
económico a largo plazo”, concluyó la experta.
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