El próximo 8 de agosto de 2024 se inicia la Segunda Legislatura del
Congreso de la República. Esta es la oportunidad del Parlamento de aprobar por
insistencia la Ley de masificación de gas natural, la cual beneficiará a
decenas de familias y negocios locales en regiones.
El próximo 8 de agosto de 2024 se
inicia la Segunda Legislatura del Congreso de la República. Según expertos que
impulsan la inmediata promulgación de la Ley de masificación de gas natural,
esta es la oportunidad del Parlamento para votar nuevamente a favor de la
medida. Sin embargo, los nexos del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana,
con la minería ilegal avivan dudas entre aquellos que exigen que este recurso
se distribuya a un módico precio en regiones en beneficio de familias y negocios
locales.
Esta norma fue aprobada el 14 de
noviembre de 2023 con 103 votos a favor y ninguno en contra. Pese a la firme
decisión del Parlamento, el Poder Ejecutivo decidió observar la autógrafa,
porque quería cambiar el tope del subsidio que la Ley ya incluía. En un primer
momento, el documento aprobado planteaba que el usuario que reciba el subsidio
tenga un tope de 50,000m3 de gas al mes (3,600 balones de gas al mes), sin
embargo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en ese momento presidido por
el cuestionado Oscar Vera, planteó que
el tope se eleve a 900,000m3 al mes.
A esto se suma que el mismo día que la
norma fue aprobada, Cálidda presentó un adenda ante el Minem para solicitar la
ampliación de su concesión en Lima y Callao por 10 años y el permiso para
distribuir este recurso en Ica, Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque y
Cajamarca. Si el gobierno le concede este permiso, le abre el paso a un
monopolio antinatural, debido a que las compañías accionistas, Grupo Energía
Bogotá y Promigas, ya cuentan con presencia en otras regiones. En total, este
grupo económico tendrá participación en 15 departamentos del Perú.
Para José Ignacio Beteta, presidente de
la Asociación de Contribuyentes del Perú, “quienes presionan para que el tope
sea de 900,000m3, buscan incrementar el volumen de gas que comercializan las
concesionarias actuales de modo que tengan mayores ingresos que a la vez
podrían invertir y destinar a mayor infraestructura y tendido de redes. Sin
embargo, la data dice todo lo contrario: la velocidad del tendido de ductos y
redes la pone el FISE; las empresas concesionarias más poderosas en Perú son
solo 2 e incrementar sus ingresos solo generaría la imposibilidad de generar un
mercado competitivo, abierto y transparente”.
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