● El incremento de la pobreza monetaria en el país plantea un desafío para las autoridades y demanda estrategias efectivas para revertir esta tendencia.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que la pobreza monetaria en Perú alcanzó el 29% de la población en 2023, reflejando una situación preocupante por las dificultades económicas que enfrentan millones de peruanos.
Según el INEI el 73,1% de los pobres radica en el área urbana y el 26,9% en el área rural; además el 51,4% de pobres se encuentra en la Costa, 34,9% en la Sierra y 13,7% en la Selva. En comparación con el año 2022, la pobreza en el área urbana se incrementó en 2,9 puntos (de 70,2% a 73,1%) mientras que la pobreza extrema urbana creció 3,1 puntos (de 41,8% a 44,9%).
Asimismo, más de la mitad de la población en condición de pobreza extrema se localiza en el área rural, representando al 55,1%. Esta tendencia plantea un desafío para las autoridades gubernamentales y exige la implementación de estrategias efectivas para revertirla.
Frente a este escenario, el alto precio de los minerales en el mercado global es una oportunidad. Los precios del cobre, oro y zinc hoy alcanzan niveles récord.
En ese sentido, las autoridades son responsables de manejar los ingresos provenientes de la minería con transparencia y rendición de cuentas, garantizando que los recursos se inviertan eficientemente y erradicando la corrupción; debiendo destinar gran parte de estos fondos a mejorar la infraestructura pública y los servicios esenciales como educación, salud y transporte, enfocados en reducir la pobreza.
Para Oswaldo Molina, director de la Red de Estados para el Desarrollo (REDES), en los últimos diez años se recaudó a nivel nacional S/ 127 756 millones por conceptos de canon, sobrecanon, regalías y otros ingresos, de los cuales solo se ejecutó el 63.7 % y se dejó de utilizar más de S/ 45 876 millones.
Reducir la pobreza en Perú es complejo, pero no un objetivo inalcanzable. La actual bonanza minera ofrece una oportunidad sin precedentes y el éxito dependerá de la capacidad para gestionar los recursos públicos de manera transparente, eficiente y sostenible, asegurando que los beneficios se distribuyan equitativamente entre toda la población.
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