Gremios rechazan que el Congreso haya derogado el Decreto
Legislativo 1607 que buscaba frenar la expansión de minería ilegal
Los representantes de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP),
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Sociedad de Comercio
Exterior (ComexPerú), Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), Asociación
de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la
Confederación de Empresas Comunales expresaron su rechazo a la decisión del
Congreso de la República de derogar la disposición del Decreto Legislativo N° 1607
que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a
la minería ilegal en el país.
“Lamentamos que la medida
adoptada por el parlamento represente un retroceso en la lucha contra la que es
hoy la primera economía criminal en el Perú, que es la minería ilegal,
superando al narcotráfico”, afirmaron.
Asimismo, señalaron que al
derogarse la disposición del DL 1607, se limita el accionar de la Policía Nacional
para controlar el tráfico de explosivos que la minería ilegal usa no solo para
robar mineral, sino para desviarlos hacia otras actividades ilegales que
afectan la seguridad nacional.
En ese contexto, expresaron que,
al eliminarse esta disposición, se prolonga el incentivo para realizar invasiones
de terrenos que están concesionados a terceros por el Estado peruano, creando
un clima de inestabilidad jurídica que desincentiva las inversiones. Esto
debido a que se elimina el plazo perentorio de 90 días que se dio para que los mineros
informales presenten los acuerdos suscritos con las concesiones mineras que han
invadido.
Los gremios empresariales,
manifestaron que es necesario revisar y fortalecer el proceso de formalización
de la pequeña minería, pero para ello se debe separar “la paja del trigo”. “Una
cosa es minería a pequeña escala o artesanal -sea formal o informal- y otra es
la minería ilegal, que es criminal y actúa de la mano con otras organizaciones
delictivas”, precisaron.
De otro lado, alertaron que el
gran problema es que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO),
como está estructurado, sirve para encubrir la libre operación de los mineros
ilegales, usando explosivos y armas de guerra, violando los derechos humanos,
devastando los ecosistemas y robándole importantes recursos económicos al país.
A su vez, subrayaron que la
medida aprobada por el Poder Legislativo va en contra de la economía formal; y
de la seguridad y bienestar de todos los peruanos que día a día están a merced
de las organizaciones criminales que ahora actúan con impunidad en el
territorio nacional.
Finalmente, los gremios
exhortaron al Congreso y el Poder Ejecutivo a que se unan a la lucha contra la
criminalidad que viene afectando a todos los peruanos, dictando y ejecutando
medidas que permitan acabar con la impunidad con la que actúan las actividades
criminales, entre ellas la minería ilegal.
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