La masificación
del gas viene esperando años y si bien se trata de acelerar su desarrollo, no
se puede justificar la creación de un monopolio antinatural con el argumento
(no comprobado) de la “velocidad”.
En noviembre de
2023 el Congreso, en una de esas muy buenas pocas decisiones que toma, aprobó
de forma unánime el proyecto de Ley de Masificación del Gas que recoge años de
análisis y algunos elementos que son clave para el desarrollo de este sector.
Sin embargo, el Ejecutivo lo observó en diciembre, justo antes del final de la
legislatura. Expliquemos el tema con más detalle.
La ley 679
generará un mecanismo de subsidio por el cual todos los usuarios de Lima y
Callao pagaremos un extra en nuestros recibos de gas natural para colaborar con
la masificación del gas en las regiones. Con este extra que aportaremos se
creará un fondo que subsidiará la tarifa de hogares, comercios pequeños, pero
también de industrias medianas que consumen hasta 3,700 balones de gas diarios
(50,000 m3 al mes). Es decir, estaremos subsidiando no solo a los más pequeños
sino incentivando la industria regional.
Este proyecto de
ley aprobado excluye del subsidio, como debe ser, a las grandes industrias que
superan ese consumo: empresas mineras, pesqueras, de industria alimentaria o de
infraestructura que nunca pidieron este subsidio y que no lo necesitan.
Así, el
mencionado fondo, que alimentará a su vez lo recaudado por el Fondo de
Inclusión Social Energético (FISE), alimentará la tremenda velocidad de tendido
de ductos y redes que viene imprimiendo esta entidad, velocidad mucho mayor que
la de los actuales concesionarios privados, que en un 99% son propiedad de dos
grupos económicos que mantienen una posición de dominio en el sector.
¿Por qué fue
observado el 679, entonces? ¿Quién podría estar en contra de una ley que parece
razonable? Fue observado por un Ministerio de Energía y Minas, en ese momento
liderado por Óscar Vera, un personaje que se dedicó intensamente a tratar de
“meter” a Petroperú a dedo en cuanto negocio podía aparecer.
Pero el 679
también fue observado bajo la presión de un lobby privado sumamente extraño. El
lobby de las empresas concesionarias actuales, que quieren aún incluir en el
subsidio a las industrias más grandes del Perú, con la única intención de
agrandar sus ganancias, y con la supuesta justificación de que, al incluirlas,
el fondo sería más grande (por el mucho mayor consumo de la gran industria) y
así ellas, dominantes en el mercado, podrían acelerar la inversión.
Al respecto, hay
que ser muy claros. En el 2024, el FISE recolectará alrededor de 1,000 millones
de soles. Y es el FISE el que ha conectado 1.1 millones de usuarios en Lima,
mucho más rápido que el concesionario privado. Y es el FISE el que ha conectado
más de 270,000 usuarios a nivel nacional solo en el año 2022. Y es el FISE el
que contrata directamente a empresas constructoras ahorrando dinero a los
contribuyentes, evitando intermediarios y evadiendo ganancias de privados que
no tienen por qué ganar.
Pero vamos al
fondo de este tema: el fin no justifica los medios. La masificación del gas
viene esperando años y si bien se trata de acelerar su desarrollo, no se puede
justificar la creación de un monopolio antinatural con el argumento (no
comprobado) de la “velocidad”. Cualquier monopolio distorsiona los precios, la
regulación y genera incentivos perversos en su relación con el Estado.
Así, la
aprobación por insistencia de la Ley 679 es una obligación con millones de
peruanos que no tienen gas natural a buen precio. Esta ley contiene un buen
mecanismo de subsidio, previene cualquier posición de abuso, y genera las
condiciones para que más empresas privadas puedan participar en igualdad de
condiciones para tender redes de gas natural, generando competencia, libertad
económica y como siempre, mayores beneficios para los consumidores.
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