En medio de la majestuosidad de Machu Picchu, el motor económico del Cusco, existe una cruda realidad: la venta irregular de entradas, un oscuro juego que ha afectado tanto a turistas como a la reputación del icónico sitio arqueológico. A pesar que se intentó tercerizar la venta de entradas, las mafias con el apoyo de políticos de izquierda, aseguran que se quiere privatizar la maravilla del mundo, pero no dan soluciones.
El turismo es el
motor económico del Cusco y tiene como principal atractivo a la ciudadela de
Machu Picchu. A pesar de la belleza de ser una de las 7 maravillas del mundo y
de la necesidad de promover y fortalecer la cadena de beneficios en favor de
los cuzqueños, un grupo de inescrupulosos buscaron sacarle beneficios
irregulares a la venta de entradas, revendiendo y cobrando sumas exorbitantes a
los turistas, es decir, estafando a los visitantes nacionales y extranjeros.
Ante esta
situación, se habilitó la compra de boletos mediante una plataforma
institucional fiscalizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de
Cusco. No obstante, la mayoría de turistas no lograba adquirir sus entradas por
ese medio debido a que las agencias de viaje acaparaban los tickets disponibles
para ofrecerlos con paquetes turísticos añadidos. En ese contexto, una de las
responsables de la crisis en Cusco es la extitular de Ministerio de Cultura
(Mincul), Betssy Chávez, pues fue bajo su gestión que dispuso que 1,000
entradas a la ciudadela inca se vendan de manera presencial en la comunidad de
Aguas Calientes, conocida como, Machu Picchu Pueblo. Su decisión solo generó
problemas y empoderó a las mafias bajo el pretexto de ayudar a los comerciantes
de la zona.
La data es
preocupante, se estima que estas agencias ganan hasta S/60,000 por día,
mientras que el Ministerio reportó alrededor de 80,000 ingresos fantasma al
centro arqueológico y ganancias no transparentadas al Estado por hasta S/12
millones en 2023.
Debido a
las irregularidades en el proceso de venta y lo difícil que es para los
turistas visitar el atractivo turístico, el número de visitas a Machu Picchu
disminuyó a lo largo de los años. Entre enero y noviembre de 2023, el Mincul
reportó 872,000 visitantes, un -12.8% menos turistas que el similar periodo del
año anterior, A este paso, será difícil retornar a los niveles prepandemia
cuando más de 1,585,300 personas ingresaban al santuario.
MACHU PICCHU: CIUDAD SITIADA
La
viceministra de turismo, Madeleine Burns, aseveró que los manifestantes han
secuestrado la ciudad de Machu Picchu, pues están bloqueando las
principales vías de acceso al santuario. Según lo mencionado por la
funcionaria, la ruta Amazónica y el Camino Inca se mantienen habilitadas para
que los turistas lleguen hacia Machu Picchu, no obstante, los protestantes
anunciaron que tomarán la primera vía en los próximos días como medida de
protesta, lo cual configura un delito.
“Todo el
esfuerzo hecho por el Estado y el sector privado para recuperar y reactivar el
turismo lo estamos echando por la borda por intereses políticos y personales.
Las pretenciones son imposibles de cumplir (…) Estamos ofreciendo una
imagen de desorden ante un mundo que es cada vez más competitivo”, añadió.
TERCERIZAR NO ES
IGUAL QUE PRIVATIZAR
Tras
hacerse evidente esta situación, el Mincul decidió tercerizar la venta de
entradas a través de la plataforma privada Joinnus. Sin embargo, al ver
sus intereses en riesgo, un pequeño grupo de personas ligadas a estas mafias
iniciaron protestas rechazando la decisión, pero la realidad es que la
finalidad de la medida era tener transparencia en la venta, trazabilidad y
precio justo.
Este
escenario no fue desperdiciado por políticos de izquierda como Verónika Mendoza
o la organización Patria Roja, quienes aprovecharon el contexto para asegurar
que se busca privatizar a Machu Picchu. Su presencia en el debate sobre la
venta irregular de entradas a Machu Picchu acentuó la crisis turística, pues en
lugar de abordar eficazmente la situación y promover soluciones reales, solo
han exacerbado los problemas al politizar la situación.
Patria
Roja, partido comunista peruano, mostró su respaldo a las protestas en contra
de Joinnus y la ministra Leslie Urteaga bajo el eslogan “No a la privatización
de Machu Picchu”. No obstante, es importante recordar que la tercerización de
venta de boletos a través de Joinnus fue un mecanismo adoptado para
transparentar el número de ventas e ingresos a la ciudadela, algo que era
imposible de registrar cuando la DDC se encargaba del portal virtual de venta
de tickets.
Verónika
Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, hizo lo propio a través de sus redes sociales.
La excandidata presidencial afirmó que “este gobierno está promoviendo la
destrucción de nuestro patrimonio cultural” al permitir que Joinnus venda los
boletos. Muy fiel a su estilo, aseguró que esta es una estrategia de la gestión
actual para “regalar” nuestra maravilla del mundo a empresas privadas.
Aparentemente, a la líder de izquierda no le importa que venta de tickets
continúe siendo irregular, con tal de evitar que empresas privadas se alíen con
el gobierno para intentar transparentar cuentas y evitar que mafias timen a los
miles de turistas que visitan el departamento.
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