Empiezo esta columna compartiendo un profundo pesar por la partida de Julio Lira, director del diario Gestión. Mi reconocimiento a su destacada trayectoria como líder del periodismo económico y admiración a un profesional con sólidos valores de integridad, transparencia y rigurosidad. Será recordado siempre por su absoluto compromiso con la defensa de las libertades económicas y la inversión privada como motor de desarrollo del país.
El decreto supremo que restringe la tercerización laboral, dictado por este Gobierno, es precisamente un atentado contra la inversión privada y la generación de empleo. Solo refleja la absoluta incapacidad del Estado para hacer cumplir la normativa ya existente, fiscalizar y castigar a aquellas empresas que hacen un uso indebido de dicho mecanismo.
Es una muestra más de la gestión de un grupo de burócratas sin las capacidades técnicas, pero con un profundo sesgo ideológico. Impulsan medidas populistas que no solucionan los problemas del ciudadano, sino que debilitan aún más el mercado laboral, lo que afecta a miles de trabajadores formales.
La tercerización es un mecanismo legal contemplado en la normativa que permite contratar a una empresa para desarrollar ciertas actividades especializadas en las instalaciones de la empresa usuaria. Para ello, la empresa tercerizadora debe cumplir algunos requisitos, como la inscripción en un registro, contar con capital mínimo, activos y personal que la hagan una empresa autónoma. Además, tiene una relación laboral directa con el personal tercerizado y cumple con todos sus derechos laborales.
Es importante destacar que esta figura es muy distinta a la intermediación laboral, comúnmente conocida como service, que tiene que ver con una cesión de trabajadores.
La tercerización permite generar eficiencias y dinamismo en la actividad productiva. Según el IPE y con base en la Encuesta Nacional de Empresas (ENE-2017), las empresas tercerizan, sobre todo, servicios como mantenimiento (62%) y seguridad en sus instalaciones (32%).
Restringir la tercerización, tal como lo dispone el D. S. 001-2022-TR, es un disparo al pie para miles de trabajadores que perderían sus empleos, ya que solo una pequeña parte de estos podrían ser absorbidos. Además, muchas empresas tercerizadoras cerrarían o pasarían a la informalidad. Y no es una hipótesis, sino lo que ocurrió en Ecuador y Bolivia con normas similares.
Algunos ejemplos de servicios de tercerización son los siguientes: activaciones y canales de ventas en el sector retail, mantenimiento de maquinarias, servicios de explosivos para construcción o minería, servicios de exploración minera y muchos otros en diversos sectores.
Tercerizar estos servicios especializados permite generar eficiencia y mayor productividad en las empresas. Solo quien no ha tenido una empresa o ha pagado una planilla puede creer que es posible incorporar a todo ese personal. Empresas quebrarían y muchos empleos se perderían.
Además, se encarecerían algunos bienes y servicios, como la telefonía, la luz y el gas, entre otros, precisamente en estos momentos de alta inflación.
Con crisis económica y social, confianza empresarial deprimida e inversión privada estancada, este tipo de normas solo genera más destrucción. Y es que de eso vive esta izquierda, de generar crisis, desempleo, hambre para que los ciudadanos tengan que vivir del Estado y sus bonos.
No permitamos que, otra vez, el Gobierno engañe al pueblo. Basta de destruir el empleo y hacerles daño a los peruanos. Esta norma sobre la tercerización debe ser derogada y ello está en manos del Congreso.
Jessica Luna, gerenta general de ComexPerú.
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