Consejero Greco Quiroz señala que las detonaciones de dinamita realizadas por los mineros ilegales de la zona son las causantes no solo de las rajaduras, sino de los hundimientos de superficie.
El consejero regional, Greco Quiroz, pidió la urgente interdicción en el cerro El Toro ante los graves daños irreversibles al medioambiente y por las explosiones de dinamita que realizan los mineros ilegales que a diario abren socavones en busca de oro a pocos metros de la población y que ha puesto en peligro a las comunidades en Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.
Tal como lo señala el reciente informe realizado por Defensa Civil de La Libertad, en donde se advierte que en los caseríos El Toro, Coigobamba y Shiracmaca hay varias viviendas que presentan fisuras y grietas que son un riesgo muy alto de colapso, exponiendo a los pobladores a una vulnerabilidad muy alta. Esas voladuras subterráneas que realizan los mineros ilegales ocasionan rajaduras en las paredes y el hundimiento de la superficie como han denunciado varios pobladores.
Por estas razones, la autoridad regional presentó un informe al Dr. Alberto Rojas, Director General de la Oficina de Formalización Minera; a la Dra. Martha Rico, Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de la Minería Ilegal; y al Dr. Vladimir Bustinza en su calidad de Coordinador de Articulación Regional de la Dirección General de Fiscalización Minera, a fin de tomar las acciones inmediatas para frenar los estragos de esta actividad ilícita.
Al respecto del pronunciamiento del jefe de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero Lovatón, quien argumentó haber recibido quejas de la población debido a que sus viviendas presentaban daños en su estructura, según manifestaron, por las actividades de voladuras mineras que se ejecutan en el lugar. Agüero Lovatón no precisa que esas voladuras son las que realizan los mineros ilegales de El Toro en el laberinto de socavones que se ubican bajo las casas de la población que le alcanzó sus quejas.
“Lamentablemente no se informa correctamente a la población. La actividad minera ilegal, a diferencia de la formal, no está controlada, ni auditada por el Estado Peruano. Y aprovechándose del desconocimiento o desorientación de algunos funcionarios, los mineros ilegales manipulan además a las personas que trabajan con ellos para sus campañas de desinformación. Por eso es necesario entregar documentos a las autoridades idóneas para que estas tomen cartas en el asunto”, sostuvo Quiroz
El citado informe a Defensa Civil fue solicitado expresamente por el defensor del pueblo, Agüero Lovatón. Con una celeridad que llama la atención. Los pobladores cuestionaron la falta de apoyo del titular de la defensoría, cuya actitud fue muy diferente a la mostrada en noviembre pasado, cuando los deudos que perdieron familiares en los socavones ilegales de la misma zona reclamaban desde Huamachuco. También cuando se informó que varios niños y niñas eran explotados laboralmente desde hace varios años por los mineros ilegales.
No olvidemos que en noviembre del año pasado, los primos de 11 y 12 años Julián y Yolvin murieron por manipular una dinamita de la minería ilegal y sus cuerpecitos destrozados por la explosión, ellos siguen esperando justicia. Hasta ahora, los deudos no han recibido apoyo de ninguna autoridad.
La consejera regional por Sánchez Carrión Jennifer Catalán ha dicho que el informe de Defensa Civil refuerza lo que presentó ante diferentes instancias regionales y nacionales. Sin embargo, esta consejera en varias oportunidades ha minimizado la presencia de los mineros ilegales en el cerro El Toro y los delitos que generan en la zona. Al igual que la fiscal de Medio Ambiente, Lastenia Acuña. Una realidad que solo es vista por ambas funcionarias.
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