Encuentran estrechos socavones por donde adultos y menores de edad desafían a la muerte para extraer oro. Congresistas liberteños pidieron información detallada sobre los delitos que cometen los mineros ilegales de cerro El Toro y su dirigente.
En el cerro El Toro, decenas de personas, entre ellos menores de edad, han muerto al interior de oscuros socavones. A pesar de ello, los mineros ilegales siguen abriendo estos profundos y estrechos hoyos para la extracción ilegal de oro. Una evidencia de cómo esta actividad sigue ganando terreno en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.
Mientras el último lunes las autoridades regionales debatían con los representantes del Ejecutivo sobre la minería ilegal, en el cerro El Toro las mafias mineras seguían haciendo de las suyas. Los pobladores denunciaron el incremento de socavones y el robo sistemático de mineral en esta convulsionada zona.
Según se observa en imágenes, los mineros han recurrido a nuevas modalidades para ocultar su accionar ilícito. Los ilegales arman y desarman carpas que utilizan para cubrir los socavones por donde ingresan burlando a la muerte a diario para extraer el mineral. Hay mujeres y menores que apoyan estas labores.
Las imágenes obtenidas demuestran cómo los mineros ilegales abrieron socavones con entradas cuyas dimensiones no permiten el ingreso de personas adultas. Por eso la explotación laboral de menores de edad en la zona. En esos lugares se encontraron herramientas, picos, así como baldes y cascos de minería, sacos rellenos y residuos de mecha de dinamita.
Asimismo, los comuneros señalaron que durante la semana en la labor ilegal de los hermanos Ballena se ha observado el incremento de camiones, ante la pasividad de la Policía Nacional. Lo mismo ocurre en la operación de Jorge Espejo. Miles de sacos de mineral son cargados en camiones que pasan sin ningún obstáculo los controles policiales con destino a Trujillo.
No llegaron
Una de las zonas donde proliferan estas labores ilegales es el caserío de Shiracmaca, a faldas del cerro El Toro, la gran guarida que los mineros ilegales utilizan para almacenar dinamita y cianuro. A este lugar, estaba anunciada la visita de los congresistas Carlos Enrique Alva y Diego Bazán convocados por el pastor Oswaldo Alva Polo, sindicado de ser uno de los principales mineros que operan de forma ilegal en esta zona.
La visita de los parlamentarios a Huamachuco fue anunciada por este líder religioso el pasado lunes 23, luego de ingresar sin invitación y con la ayuda de la consejera Jennifer Catalán a la sede del Gobierno Regional de La Libertad y exigir se atendido por el Ministro de Energía y Minas para arremeter contra la minería formal.
“Aquí nadie sabe de la visita porque los que estuvieron protestando en Trujillo no son de Shiracamaca. Los que estuvieron son trabajadores de Alva Polo. Él movilizó a la gente y sino los acompañaban no les pagaba”, dijeron comerciantes y pequeños empresarios de la zona.
Los congresistas, al parecer, no pudieron viajar por asistir a las sesiones que decidieron el voto de confianza al gabinete Bellido. Sin embargo, los legisladores, antes de reprogramar su visita a Huamachuco, habrían solicitado información más detallada sobre Oswaldo Alva Polo y su vínculo con la consejera Catalán, que se ha convertido en su fiel defensora.
Investigado
Sobre el hombre religioso se sabe que es investigado por el presunto delito de homicidio por la muerte de 4 personas en un socavón en el 2019. Es dueño del colegio Eiffel Schools y de una empresa de transportes en la ciudad de Trujillo. También se habría solicitado un reporte a la Sunat sobre información sobre su presunta participación en la nueva planta de tratamiento “La Minita” donde también figura su cuñado Guillermo Gonzales. Esta última solicitud se añadió por pedido expreso de los operadores turísticos de la laguna Sausacocha que se vería seriamente afectada.
“Alva Polo siempre se respalda al mencionar a la consejera Catalán. Por eso resulta extraño que ella no mencione las más de 100 muertes ocurridas en los socavones de Huamachuco. Tampoco de los dos niños que murieron en noviembre del 2020 al manipular la dinamita que trafican en Shiracmaca. Calla sobre la explotación laboral de menores de edad que tiene lugar en las labores ilegales y de la total ausencia de protocolos de salud que existe en esos lugares de donde sale financiamiento para varias personas”, cuestionaron los pobladores.
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