Tras ser notificados por la Gerencia Regional de Energía y Minas para que paralicen actividades mineras ilegales en el cerro El Toro, investigados aseguran no tener relación con esta ilícita actividad. Revelaron quienes son los principales operadores en esta zona del ande.
La situación entorno a la problemática de la minería ilegal es bastante preocupante en Huamachuco porque desde hace bastante tiempo las autoridades no actúan con firmeza para poner fin a las mafias mineras que operan hace más de 30 años sin control en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión.
La única entidad que intenta hacerle frente es la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad. Sin embargo, no recibe el apoyo necesario cuando realiza las inspecciones inopinadas en la zona minera del cerro El Toro. La falta de logística, los amedrentamientos contra los inspectores y las alertas de los operativos ponen en jaque la lucha contra esta ilegal actividad.
En el intento para controlar la expansión de la minería ilegal y las muertes en esta zona del ande, el ente regional notificó, el pasado 14 de junio, a cerca de 31 pobladores para que paralicen sus actividades extractivas ilegales en zonas concesionadas en el caserío de Shiracmaca (Huamachuco) por burlar las normas e incumplir los protocolos sanitarios.
Sin embargo, varios de estos “humildes comuneros” niegan tener relación alguna con las labores mineras ilegales que se ubican alrededor de sus viviendas en este caserío. Lugar que ha sido tomado por Las mafias mineras y en donde la Policía, en varias oportunidades, incautó explosivos al interior de casas que servían como guaridas para ocultar clandestinamente este material altamente peligroso.
Según las investigaciones y denuncias de pobladores, en varios casos los ilegales reciben apoyo y respaldo de algunos lugareños y dirigentes de este caserío que también ha sido escenario de varias muertes en los campamentos ilegales y se crean pases a través de los terrenos para hacer los socavones que sirven para robar mineral.
Fermina Mauricio Vásquez y Basilia Vásquez Melquiádes han sido las primeras pobladoras en deslindar su relación con los mineros ilegales. Ellas, mediante documentos dirigidos a la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, indican que quien realiza actividades de minería ilegal es Reynaldo Rodolfo Sánchez Ballena, presunto integrante del clan dedicado a la minería ilegal y que tiene como portavoz en Huamachuco a su familiar conocido como “Chasqui Bravo”.
También incluye a Josefina Mauricio Baylón - como principal socia de este minero ilegal –, según se lee en el documento, y a Wilson Reyes Mauricio, Lidi Infantes Quispe, Pedro Escobedo Carbajal, Fernando Monzón Calderón, Segundo Ruiz Roger Reyes, Antolino de la Vega y Davis Segura Layza. Todos conocidos en la zona por las autoridades.
En ese sentido, instaron a la institución regional dirigir sus esfuerzos a investigar a dichas personas cuyo accionar no solo viene causando estragos al medioambiente, también están alterando la tranquilidad de los pobladores que viven alrededor de estas operaciones ilegales. Cabe precisar que el ente regional también notificó a Sánchez Ballena para que paralice sus labores y le abrió un proceso administrativo sancionador.
En tanto, otro grupo, influenciados presuntamente por el pastor Oswaldo Alva Polo, intentaron exigir a la teniente gobernadora de ese caserío firme un documento que los respalde alegando que no hay actividad minera ilegal en la zona. Ante la negativa de la autoridad realizaron un plantón en la Subprefectura de Huamachuco pidiendo su destitución.
La empresa Summa Gold es la única que realiza actividad minera formal en el cerro El Toro desde el año 2019 bajo la autorización del Estado Peruano. Por esa razón solicitó el pasado 21 de abril del 2021 la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad la paralización de esas actividades realizadas por los mineros ilegales de Huamachuco.
Los mineros ilegales de Huamachuco – Oswaldo Alva Polo, Jorge Espejo Moreno, los hermanos García, los hermanos Sánchez Ballena y Gonzales - no están reconocidos por nadie. No pagan tributos al Estado Peruano, ni son fiscalizados. Han acumulado dinero en estos años al margen de la ley. Y algunos de ellos como Alva Polo y Espejo Moreno enfrentan procesos penales por recientes muertes en los socavones.
Solo el tiempo dirá si las autoridades empiezan a tomar conciencia de la gravedad del asunto de la minería ilegal y evitan que estos depredadores sigan deforestando el medioambiente y envenenado los afluentes de agua con químicos tóxicos.
En ese sentido, los pobladores cuestionaron a la fiscal de Medio Ambiente de La Libertad, Lastenia Acuña, quien no tendría la capacidad para darse cuenta del problema que involucra a los caseríos de Huamachuco. Para ella son pocas las personas que se dedican a esta ilícita actividad y no actúa con firmeza.
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