Consejero Greco Quiroz envió un oficio al presidente del parlamento para emplazar a fiscal de la Nación por inacción de la Fiscalía frente al accionar de mafias mineras.
Ante la aparente inacción por parte del Ministerio Público, el presidente del Consejo del Gobierno Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, acudió; esta vez, al Congreso de la República, a fin de que se atienda el problema de la minería ilegal en cerro El Toro (Huamachuco), que sigue ocasionando muertes de adolescentes, jóvenes y padres de familia en pleno estado de emergencia nacional, desacatando las normas del estado ante la pandemia del Covid-19.
La autoridad regional, acaba de enviar un documento al presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, para que interponga sus buenos oficios y se paralice las actividades de estas mafias que vienen operando por más de veinte años en la provincia andina de Sánchez Carrión.
En el documento, el también presidente de la comisión investigadora del cerro El Toro, le indica a Merino de Lama que en muchas reiteradas oportunidades ha advertido respecto a la problemática de la minería informal y hasta la fecha no hay la obtención de un resultado positivo.
Le hace ver, además, que a pesar que cometen una serie de delitos, los mineros ilegales siguen con sus actividades y nadie les dice nada en pleno estado de emergencia sanitaria. “Hasta la fecha siguen operando como si nada ocurriera”, le alerta para, enseguida, solicitarle al presidente del Congreso de la República que a través de su despacho se solicite las explicaciones a la Fiscalía de la Nación, a cargo de la doctora Zoraida Ávalos Rivera, y de respuestas a los escritos que ha presentado.
Para probar que su insistencia ha sido tal cual, el consejero regional le adjuntó a la máxima autoridad del Congreso de la República la serie de oficios, en calidad de alarmas, que envió a la fiscal de Nación Zoraida Ávalos sobre la utilización de niños y personas de toda edad en la extracción de mineral de manera ilegal en socavones del cerro El Toro, así como la muerte de varios de ellos a consecuencia de derrumbes y la inhalación de gases tóxicos, y su pedido para que se ejecute un operativo o la interdicción, con la participación de fiscales, policías y el Ejército.
También le adjuntó el pedido que hizo para que los fiscales sean investigados por su “desempeño pasivo y omisión al permitir estos actos delincuenciales cuyo agraviado es el Estado”. Otro documento que le adjuntó es el enviado a la presidenta de la Junta de Fiscales de La Libertad, Carla León Aguilar, pidiéndole que haga algo al respecto, así como la respuesta de esta autoridad que se muestra incrédula ante la existencia de mineros ilegales en cerro El Toro, a pesar de las reiteradas denuncias periodísticas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario